Voglio sapere a riguardo di…

fs. 73 y fs. 146 vta., respectivamente, en consecuencia corresponde tenerlos por presentados en legal tiempo y forma;
Que las recurrentes María Vanesa Vicario y María de los Angeles Díaz, fueron designadas por Decreto N 2884/03 MH, del 14.7.03, en la planta de personal permanente del Ministerio de Hacienda, Unidad Ejecutora Dirección de Administración, en cargos categoría 2, Profesional "C"
del Escalafón General;
Que el artículo 1 del Decreto N 218/03 GOB, revoca por contrario imperio y deja sin efecto todos los actos administrativos dictados en el período comprendido entre el 1 de enero al 10 de diciembre de 2003, que hayan producido designaciones en la planta de cargos de la Administración Pública Provincial;
Que en consecuencia, mediante los recursos incoados, las actoras pretenden que se revoque el Decreto N 218/03 GOB, puesto que su situación no encuadra dentro de las prescripciones de la mencionada norma, que el Decreto N 2884/03 que dispuso su designación ha cumplido con los requisitos de legitimidad y mérito que deben contener los actos administrativos, emitido de conformidad con las disposiciones positivas y una vez vencida la emergencia económica, agregan las recurrentes que su nombramiento fue regular, legítimo y válido, además goza de estabilidad y arbitrariedad en razón de ello, la supuesta ilegalidad que viciaba los actos administrativos dejados sin efectos por el Decreto 218/03 no se verifica en el caso de las mismas. Concluyen que la decisión de dejar sin efecto la designación en planta deviene injusta, irrazonable, infundada y arbitraria;
Que en ejercicio de la función de contralor legal de la actividad estatal conferido por el artículo 139 de la Constitución Provincial y la Ley N 7296 que reglamenta su actividad y analizadas las presentes actuaciones, la Fiscalía de Estado entiende que no le asiste razón a las recurrentes en el planteo efectuado, debiendo rechazarse los recursos de revocatoria interpuestos, por los siguientes motivos: Si bien las agentes Vicario y Díaz no fueron designadas durante la vigencia de la Ley N 9481, resulta conveniente dejar aclarado que la Ley N 9382 BO 4.1.02 estableció la emergencia económica, social, sanitaria y financiera en todo el ámbito público y privado de Entre Ríos, norma que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002;
Que durante la vigencia de la mencionada ley se sancionaron durante el año 2002 las Leyes N 9407 BO 17.7.02 y N 9428 BO 27.9.02 que contienen exactamente la misma prohibición en sus respectivos artículos 6 y 31;
Que dicha prohibición era que "Mientras dure la emergencia dispuesta por la Ley 9382 no se efectuarán designaciones
Que a su vez, la Ley N 9481 se sancionó en fecha 2 de enero de 2003 y se publicó en el Boletín Oficial del día 15 de enero de 2003, la que "ratifica la declaración de emergencia económica, social, sanitaria y financiera en todo el ámbito público y privado de la Provincia de Entre Ríos dispuesta por Ley N 9382;
Que de allí si la Ley 9481 ratificó la emergencia, es obvio que las disposiciones contenidas en las Leyes Ns. 9407 y 9428 que impedían designar personal en la planta permanente también continuaron vigentes durante los primeros 180 primeros días del año 2003;
Que el estado de emergencia provincial no cesó coetáneamente con la vigencia de la Ley N 9481. Los presupuestos fácticos que dieron origen al dictado de esta normativa no variaron en lo sustancial.
Pretender que ésto fue así sería prácticamente entender que la única razón de ser de las leyes de emergencia era la existencia de los bonos Federales, y que erradicados los mismos ya no existían otros elementos que justificaran el dictado de una nueva normativa en igual sentido.
La emergencia provincial se vio altamente agravada por la existencia de los "bonos Federales", más no podemos desconocer que éstos no fueron sus únicos artífices;