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El artículo 8. del Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, impone a todas las personas que vendan o arrienden viviendas o locales de cualquier clase la obligación de facilitar a los órganos correspondientes los datos de identificación de los contratantes.

Con el fin de recabar los datos necesarios para facilitar la investigación policial de todo hecho delictivo, se hace necesario desarrollar y regular esta obligación, estableciendo las previsiones precisas al efecto.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. Todas las personas naturales o jurídicas que vendan o arrienden viviendas o locales de cualquier clase tendrán la obligación de facilitar sus propios datos y los del comprador o arrendatario, dentro de los cuatro días siguientes al de la perfección del contrato, verbal o escrito, en la Comisaría de Policía o Puesto de la Guardia Civil correspondiente a la localidad en que se encuentre ubicado el inmueble objeto del contrato.

2. La Dirección de la Seguridad del Estado editará ficha normalizada, a tenor del modelo que se adjunta como anexo a la presente Orden, cuyos datos serán cumplimentados por el vendedor o arrendador, al que se le devolverá la copia de la misma, debidamente sellada por la oficina receptora.

La información así obtenida sólo podrá ser utilizada para la prevención de delitos; impidiéndose el acceso a la misma o su difusión no autorizados con tal finalidad.

3. El incumplimiento de la obligación regulada en la presente Orden será considerado como acto que altera la seguridad pública y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica.

4. La presente disposición entrará en vigor el día 1 de junio de 1983.

Madrid, 25 de abril de 1983.- BARRIONUEVO PEÑA.

Formulario omitido.