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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADOEN NOMBRE DEL REY LA SIGUIENTESENTENCIA EN EL CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA NUMERO 744/1983 PLANTEADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, EN RELACION CON DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1932/1983, DE 22 DE JUNIO, SOBRE AYUDAS A JOVENES AGRICULTORES PARA MEJORA DE LA EXPLOTACION FAMILIAR Y SU INSTALACION PROFESIONAL. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON JESUS LEGUINA VILLA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES 1. CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1983, EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA PRESENTO ESCRITO ANTE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL QUE PLANTEABA CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA FRENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR ESTIMAR QUE LOS ARTS. 5.1, 7.1, 8, 15, 16 Y 17 DEL REAL DECRETO 1932/1983, DE 22 DE JUNIO, SOBRE AYUDAS A JOVENES AGRICULTORES PARA MEJORA DE LA EXPLOTACION FAMILIAR Y SU INSTALACION PROFESIONAL, EN LO QUE CONCIERNE AL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, VULNERAN LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION, EN EL ART. 12.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y EN EL REAL DECRETO DE TRANSFERENCIAS NUMERO 233 1981, DE 9 DE ENERO.

EN DICHO ESCRITO SE ADUCIA QUE EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA HABIA ACORDADO REQUERIR DE INCOMPETENCIA LA GOBIERNO EN RELACION CON LOS PRECEPTOS SEÑALADOS, HABIENDOSE FORMULADO AL RESPECTO EL CORRESPONDIENTE ESCRITO DE REQUERIMIENTO CON FECHA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983 Y HABIENDO TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN MES SIN QUE POR EL GOBIERNO SE HAYA DADO CONTESTACION AL MISMO.

SE ACOMPAÑO CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO INFRUCTUOSO DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTO, ASI COMO DE LA DESIGNACION DE LOS LETRADOS QUE, INDISTINTAMENTE, HABIAN DE REPRESENTAR Y DEFENDER AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD.

2. COMO ANTECEDENTES DEL CONFLICTO PLANTEADO, SE SEÑALA QUE EL REAL DECRETO 1932/1983 REGULA LAS AYUDAS A JOVENES AGRICULTORES, DE ACUERDO CON LA LEY 49/1981, DE 24 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO DE LA EXPLOTACION FAMILIAR Y DE LOS AGRICULTORES JOVENES, CON OBJETO DE REFUNDIR, ACTUALIZANDOLOS A LOS CONTENIDOS DE DICHA LEY, LOS AUXILIOS ANTES REGULADOS POR LOS REALES DECRETOS 1297/1977, DE 2 DE JUNIO, Y 3074/1978, DE 1 DE DICIEMBRE, Y POR LA ORDEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 12 DE FEBRERO DE 1979; QUE EL ART. 5.1 DEL REAL DECRETO 1932/1983, ESTABLECE, EN RELACION CON LOS PRESTAMOS A QUE SE REFIERE EL ART. 4., 1 Y 2 DEL MISMO, QUE SERAN CONCEDIDOS POR EL BANCO DE CREDITO AGRICOLA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS ENTIDADES COLABORADORAS, PREVIA APROBACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS DE INVERSIONES POR LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, Y A PROPUESTA DE LA MISMA; QUE EL ART. 7.1 DE DICHO REAL DECRETO PUNTUALIZA QUE LOS PRESTAMOS PARA VIVIENDA QUE SE ARBITRAN EN SU ART. 6. SERAN CONCEDIDOS POR LA ENTIDADES FINANCIERAS, PUBLICAS O PRIVADAS, QUE A TAL FIN SUSCRIBAN LOS OPORTUNOS CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION; QUE SU ARTICULO 8. ESTABLECE UN REGIMEN DE SUBVENCIONES, VINCULADAS A LOS PRESTAMOS ANTES MENCIONADOS, LAS CUALES PODRAN SER CONCEDIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS, CON CARGO A LAS OPORTUNAS CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA, AFECTO A LA MISMA, PORMENORIZANDO LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES EN QUE AQUELLAS PODRAN SER CONCEDIDAS; QUE SU ARTICULO 15 DISPONE QUE LOS CREDITOS Y SUBVENCIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTS. 4. Y 8. SERAN TRAMITADOS POR LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRARIA DE LOS ENTES TERRITORIALES Y QUE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMUNICARA A DICHOS ENTES LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS Y AUXILIOS CONCEDIDOS, Y SU ART. 16, DESPUES DE ESTABLECER QUE LA TRAMITACION DE LOS PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA REQUERIRA LA PREVIA APROBACION DE LOS PROGRAMAS Y SUBVENCIONES POR LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS, CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTE COMETIDO PUEDA SER DELEGADO EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION; Y QUE EL ART. 17 SE REFIERE A LA POTESTAD INSPECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS RESPECTO A LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS APROBADOS Y A LA CORRECTA APLICACION DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.

EN APOYO DEL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO SE INVOCAN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS SIGUIENTES:

SE HACE REFERENCIA, EN PRIMER LUGAR, A LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SOBRE LA MATERIA OBJETO DEL PRESENTE CONFLICTO. SE INDICA QUE EN LOS CAPITULOS IV Y V Y EN EL ARTICULO 61 (CAPITULO VI) DE LA LEY 49/1981 SE CONTEMPLAN DIVERSOS BENEFICIOS Y AUXILIOS DE CARACTER ECONOMICO PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES AGRARIAS Y EL ACCESO A LA EXPLOTACION AGRARIA DE AGRICULTORES JOVENES, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE TIERRAS DURANTE EL PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA A QUE SE REFIERE EL ART. 178 DE LA LEY DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, PREVINIENDO LA LEY 49/1981 (ARTS. 47.2 Y 3, 48, 52, 53.B), EN RELACION CON TALES MEDIDAS DE FOMENTO, LA INTERVENCION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN DIVERSOS CASOS Y EXPRESANDOSE EN LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE DICHA LEY 49/1981 QUE LAS REFERENCIAS QUE EN TAL ESTATUTO SE HACEN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE ENTENDERAN HECHAS A LOS ORGANOS COMPETENTES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, SIEMPRE QUE TUVIERAN ATRIBUIDA LA CORRESPONDIENTE COMPETENCIA, LA CUAL, EN ESTE CASO, SERA TAMBIEN TITULAR DEL TANTEO Y RETRACTO ATRIBUIDO AL ESTADO EN LA MISMA LEY. DISPOSICION QUE SE ESTIMA EN EL ESCRITO NO PODIA SER MAS LOGICA Y OPORTUNA, HABIDA CUENTA DE QUE EL ART.

148.1.7 DE LA CONSTITUCION PERMITE A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ASUMIR COMPETENCIAS SOBRE LA AGRICULTURA Y GANADERIA, DE ACUERDO CON LA ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA, POR LO QUE CUALQUIER OTRA NORMA POSTERIOR, COMO EL REAL DECRETO 1932/1983, CUYA APOYATURA NORMATIVA ES PRECISAMENTE LA LEY 49/1981, DEBERIA HABER TENIDO EN CUENTA LA DISTRIBUCION COMPETENCIAL QUE SOBRE LA AGRICULTURA SE HA OPERADO POR VIRTUD DE LA CONSTITUCION.

POR LO QUE RESPECTA A LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN MATERIA DE AGRICULTURA, SE INDICA QUE ESTA, EN VIRTUD DEL ART. 12.1.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, HA ASUMIDO COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA, DE ACUERDO CON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA MONETARIA DEL ESTADO, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 23, 131 Y 149.1, 11 Y 13 CE, LO QUE SIGNIFICA QUE LA GENERALIDAD DISPONE EN MATERIA DE AGRICULTURA, EN EL MARCO GENERAL DE LA ORDENACION DE LA ECONOMIA, DE LAS POTESTADES LEGISLATIVA Y REGLAMENTARIA Y DE LA FUNCION EJECUTIVA, INCLUIDA LA INSPECCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 25.2 DE SU ESTATUTO. SE SEÑALA A ESTE PROPOSITO QUE MEDIANTE EL REAL DECRETO 233 1981, DE 9 DE ENERO, DE TRASPASO DE SERVICIOS DEL ESTADO EN MATERIA DE EXTENSION Y CAPACITACION AGRARIA, QUEDARON TRANSFERIDOS A LA GENERALIDAD LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES RELATIVOS A DICHAS MATERIAS, PORMENORIZANDOSE EN EL ANEXO A) DEL REAL DECRETO: 1) QUE LA GENERALIDAD ASUME LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA POR EL DECRETO 837/1971, DE 23 DE MARZO, Y SUS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, Y QUE SE ESTABLECERA, DE ACUERDO CON EL ART. 12.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, LA DEBIDA COORDINACION PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION DE PROGRAMAS QUE, ELABORADOS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SEAN CONSIDERADOS DE INTERES PARA LA ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA Y AFECTEN AL AMBITO TERRITORIAL DE LA MISMA; 2) QUE LA GENERALIDAD ASUME LAS COMPETENCIAS RELATIVAS A LA ENSEÑANZA PROFESIONAL Y CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES QUE VENIAN SIENDO EJERCIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y EXTENSION AGRARIAS, AJUSTANDOSE AL ART. 15 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y DENTRO DE LA ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO, Y 3) QUE EN LO REFERENTE A LOS CREDITOS DE CAPACITACION, INCORPORACION E INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES, REGULADOS POR ORDEN DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 13 DE JULIO DE 1968 Y POR LOS REALES DECRETOS 1297/1977, DE 2 DE JUNIO, Y 3074/1978, DE 1 DE DICIEMBRE, LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA GENERALIDAD ESTABLECERAN UN CONVENIO QUE REGULE LA INSTRUMENTACION DE AQUELLOS EN CATALUÑA. Y SE AÑADE QUE EL ANEXO MENCIONADO TAMBIEN HACE HINCAPIE EN QUE, DE ACUERDO CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.6 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, LA GENERALIDAD HA ASUMIDO YA, CON CARACTER DEFINITIVO Y AUTOMATICO Y SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD, LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS EN ESTA MATERIA POR LOS REALES DECRETOS 1383 1978, DE 23 DE JUNIO, Y 2210/1979, DE 7 DE SEPTIEMBRE, DEDUCIENDOSE DE TODO ESTE ABANICO DE DISPOSICIONES QUE LA GENERALIDAD DISPONE DE AMPLIAS COMPETENCIAS EN LO CONCERNIENTE A ENSEÑANZA PROFESIONAL Y CAPACITACION DE AGRICULTORES, AUXILIOS DE CARACTER ECONOMICO QUE ESTOS PRECISEN Y, SINGULARMENTE, LOS DISEÑADOS PARA LA INCORPORACION E INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES, COMPETENCIAS QUE NO TIENEN OTRO LIMITE QUE EL DE EJERCERSE EN EL MARCO DE LA ORDENACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD PUNTULIZA QUE EL CONVENIO ALUDIDO EN EL ANEZO A REFERIDO RESPONDIA A UN BLOQUE NORMATIVO DEROGADO POR LA LEY 49/1981, POR LO QUE DICHO CONVENIO HA QUEDADO DESPROVISTO DE VALOR, DEBIENDO SER REPUTADO UNICAMENTE COMO LA EXPRESION DE UN ESPIRITU DE MUTUA COLABORACION ENTRE EL ESTADO Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, SIN QUE PUEDA PRESUPONER NI PREJUZGAR UNA ALTERACION EN EL REGIMEN DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS PLASMADO EN LA CONSTITUCION Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, SIENDOLAS COMPETENCIAS IRRENUNCIABLES. SE CITA AL RESPECTO POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 71/1983, DE 29 DE JULIO, LA QUE A SU VEZ SE REMITE A LA NUMERO 25/1983, DE 7 DE ABRIL Y SE PUNTUALIZA QUE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO A QUE SE REFIEREN LOS ARTS. 131 Y 149.1.11 Y 13 CE NO PUEDEN SERVIR PARA JUSTIFICAR LOS PRECEPTOS DISCUTIDOS DEL REAL DECRETO 1932/1983, PUES TALES COMPETENCIAS HAN DE ENTENDERSE DIRIGIDAS A LA FIJACION DE PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL, SIN AGOTAR LA MATERIA.

PASANDO AL EXAMEN PARTICULAR DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS, SE ARGUMENTA POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE LOS ARTS. 5.1, 7.1, 8 Y 16 DEL REAL DECRETO 1932/1983 CONTRAVIENEN EL ORDEN COMPETENCIAL ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 141.1.7 DE LA CONSTITUCION Y 12.1.4 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, PUES CORRESPONDE A LAS INSTITUCIONES AUTONOMICAS AL OSTENTAR LA GENERALIDAD COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE AGRICULTURA APROBAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES SINGULARES Y <PROPONER LA CONCESION DE LOS CORRESPONDIENTES A PRESTAMOS Y SUBVENCIONES>, ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDERIAN A LA GENERALIDAD AUN EN EL SUPUESTO HIPOTETICO DE QUE SOLO TUVIERA EN LA MATERIA DE QUE SE TRATA FACULTADES DE MERA EJECUCION; QUE EL ARTICULO 16 DE DICHO REAL DECRETO OLVIDA QUE LA DESCENTRALIZACION O DELEGACION DE FUNCIONES CORRESPONDIENTES LA GENERALIDAD SOLO PUEDE SER DECIDIDA POR ESTA; QUE EL CONTENIDO DE SU ART. 17 TAMBIEN CHOCA CON EL ORDEN COMPETENCIAL, PUES LA POTESTAD INSPECTORA EN EL ATRIBUIDA A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS CORRESPONDE A LOS ORGANOS COMPETENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CATALANA; QUE SU ART. 15 DEGRADA LA POSICION DE LA GENERALIDAD DE FORMA INCONCILIABLE CON EL LUGAR QUE EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS DEBEN OCUPAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, AL ATRIBUIR A LOS <ENTES TERRITORIALES> MERAS FACULTADES DE TRAMITACION Y NEGARLES FACULTADES DECISORIAS EN LA MATERIA; Y QUE EL ART. 10 DEL REAL DECRETO ES EL UNICO QUE RECONOCE COMPETENCIA A LOS ORGANOS DE LA GENERALIDAD, EXCLUYENDO POR LO MISMO CUALQUIER OTRA ACTUACION EN LA MATERIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. FINALIZANDOSE EN EL SENTIDO DE ESTIMAR QUE LAS POTESTADES EXPLICITADAS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SOBREPASAN SUS LIMITES CONSTITUCIONALES E INVADEN LAS QUE OSTENTA LA GENERALIDAD, LO QUE NO HABRIA OCURRIDO SI SE HUBIERA TENIDO EN CUENTA LO PREVISTO EN LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE LA LEY 49/1981.

EN EL ESCRITO SE SUPLICA QUE SE DECLARE POR ESTE TRIBUNAL QUE LA TOTALIDAD DE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA CORRESPONDE A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y SE ANULEN LOS ARTS. 5.1, 7.1, 8, 15, 16 Y 17 DEL REAL DECRETO 1932/1983 EN LO QUE CONCIERNE AL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA.

3. LA SECCION SEGUNDA, POR PROVIDENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1983, ACORDO TENER POR PLANTEADO EL PRESENTE CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA EN RELACION CON LOS ARTICULOS 5.1, 7.1, 8, 15, 16 Y 17 DEL REAL DECRETO 1932/1981, DE 22 DE JUNIO; DAR TRASLADO AL GOBIERNO PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DIAS APORTASE CUANTOS DOCUMENTOS Y ALEGACIONES CONSIDERASE CONVENIENTES; DIRIGIR COMUNICACION AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO A LOS POSIBLES EFECTOS DEL ART. 61.2 LOTC, Y PUBLICAR LA INCOACION DEL CONFLICTO MEDIANTE EDICTOS EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> Y EN EL <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA>, PARA GENERAL CONOCIMIENTO. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 1983, SOLICITO LA CONCESION DE UNA PRORROGA DE DIEZ DIAS DEL PLAZO CONFERIDO PARA APORTAR DOCUMENTOS Y ALEGACIONES, A LO QUE ACCEDIO LA SECCION SEGUNDA MEDIANTE PROVIDENCIA DE 7 DE DICIEMBRE DE 1983, POR LA QUE SE TUVO POR PARTE A AQUEL EN LA REPRESENTACION DICHA.

4. POR ESCRITO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, QUE TUVO SU ENTRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1983, SE PARTICIPO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE LA SALA CUARTA DE DICHO TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 1983, HABIA ACORDADO SUSPENDER EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN REPRESENTACION DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CONTRA EL REAL DECRETO 1932/1983, DE 22 DE JUNIO, HASTA LA DECISION DEL PRESENTE CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA.

5. EL ABOGADO DEL ESTADO, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL DIA 3 DE ENERO DE 1984, FORMULO SUS ALEGACIONES, EN LAS QUE EXPONE, EN PRIMER LUGAR, LOS TERMINOS EN QUE HA SIDO PLANTEADO EL CONFLICTO DE COMPETENCIA POR PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. ALEGA A CONTINUACION, CON CITA DE LOS ARTS. 147.2.D). 148.1.7 Y 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION Y 12.1.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1/1982, DE 28 DE ENERO, Y 42/1983, DE 20 DE MAYO, QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA COMPETENCIA CONCURRENTE O COMPARTIDA, PUDIENDO Y DEBIENDO EL ESTADO, EN MATERIA DE AGRICULTURA, NO SOLO DICTAR NORMAS EN QUE SE CONTENGAN LAS BASES DE ORDENACION Y LA COORDINACION EN LA MATERIA, SINO INCLUSO ADOPTAR MEDIDAS CONCRETAS POR SU CONTENIDO PERO GENERALES EN CUANTO A SU AMBITO TERRITORIAL DE EFICACIA, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE PUEDA DEJARSE VACIA DE CONTENIDO LA CORRELATIVA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD, CIRCUNSTANCIA ESTA ULTIMA QUE NO CONCURRE EN EL PRESENTE SUPUESTO, DADO QUE EL DECRETO DE CONFLICTO NO IMPIDE A DICHA COMUNIDAD HACER USO EN EL MARCO DE LA ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS EN LA MATERIA. CONSIDERA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE EL PODER DE GASTO PUBLICO DEL ESTADO ES EL TITULO COMPETENCIAL QUE, JUNTO A LOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS 11 Y 13 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION, LEGITIMAN EL REAL DECRETO 1932/1983, CITANDO LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE SUBVENCIONES (SENTENCIAS 39/1982, DE 30 DE JUNIO) Y MEDIDAS DE FOMENTO DEL ESTADO A SECTORES COMPETENCIALMENTE AUTONOMICOS (SENTENCIA 84/1983, DE 24 DE OCTUBRE) Y ESTIMANDO QUE, EN VIRTUD DE LAS POTESTADES DE FOMENTO Y DE DIRECCION UNICA DE LA ECONOMIA Y DE LAS BASES DE COORDINACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA NACIONAL, PUEDE EL ESTADO OTORGAR CON CARGO A SUS CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PRESTAMOS Y SUBVENCIONES A LOS JOVENES AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA, REGULAR DICHAS PRESTACIONES Y ADOPTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS, LO QUE SALVA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 5.1, 7.1, 8, 16 QUE ENCUENTRA TAMBIEN SU FUNDAMENTO EN LA COMPETENCIA AUTOORGANIZATORIA DEL ESTADO Y 17 IMPUGNADOS, MIENTRAS QUE EL ART. 15 RESPONDE A PRINCIPIOS DE COOPERACION Y COORDINACION Y SE JUSTIFICA POR LA LIMITACION DE RECURSOS ESTATALES. INVOCA A CONTINUACION EL PRINCIPIO DE UNIDAD ECONOMICA, AL QUE SE HA REFERIDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA 1/1982, DE 28 DE ENERO, E INSISTE EN EL CARACTER CONCURRENTE DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE AGRICULTURA, AÑADIENDO QUE EN ARAS DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEL AMBITO ECONOMICO NACIONAL CORRESPONDE AL ESTADO LA ARTICULACION DE LOS INTERESES PROPIOS DE CADA COMUNIDAD Y LOS GENERALES DE LA NACION. NIEGA AUNQUE ELLO SEA UNA CUESTION DE LEGALIDAD ORDINARIA, CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA QUE EL REAL DECRETO 1932/1983 SE OPONGA A LA LEY 49/1981, CUYA DISPOSICION FINAL PRIMERA, 2, ESTABLECE QUE LAS REFERENCIAS QUE EN LA MISMA SE HACEN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE ENTENDERAN HECHAS A LOS ORGANOS COMPETENTES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA CON COMPETENCIA ESTATUTARIA EN LA MATERIA, AFIRMANDO QUE LA CUESTION PLANTEADA NO ES LA DE SI CORRESPONDE SOLO AL ESTADO O A LA GENERALIDAD LA COMPETENCIA PARA OTORGAR PRESTAMOS Y SUBVENCIONES A LOS AGRICULTORES JOVENES, SINO LA DE SI PUEDEN AMBOS EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ADOPTAR MEDIDAS DE ESTE TIPO EN EL AMBITO DE CATALUÑA, CUESTION QUE HA DE RESOLVERSE EN SENTIDO POSITIVO, RECONOCIENDOSE LA SUPERIORIDAD DE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE LA <ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA>. Y FINALIZA DICIENDO QUE EL ESQUEMA DE COLABORACION DEL REAL DECRETO 1932/1983 YA ESTABA PREVISTO EN EL CONVENIO ESTADO-GENERALIDAD DE 8 DE OCTUBRE DE 1981, DEL QUE SE ACOMPAÑA COPIA, TODAVIA VIGENTE SIN PERJUICIO DE SU NECESARIA ACOMODACION A LA LEY 49/1981 Y AL REAL DECRETO 1932/1983 Y SUSCRITO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES EN VIRTUD DE LA PREVISION CONTENIDA AL EFECTO EN EL REAL DECRETO 233 1981, DE 9 DE ENERO. POR TODO ELLO SUPLICA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO QUE LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA CORRESPONDE AL ESTADO Y DESESTIMANDO LAS PRETENSIONES ANULATORIAS CONTENIDAS EN EL CONFLICTO. POR OTROSI SUPLICA QUE SE ADMITA EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑA AL ESCRITO DE ALEGACIONES, CONSISTENTE EN FOTOCOPIA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 1981, SIN PERJUICIO DE QUE POR ESTE TRIBUNAL SE RECABE EL ORIGINAL DEL MISMO.

6. LA SECCION SEGUNDA, POR PROVIDENCIA DE 18 DE ENERO DE 1984, ACORDO TENER POR PRESENTADO EL ESCRITO DE ALEGACIONES DEL ABOGADO DEL ESTADO FORMULADAS DENTRO DEL PLAZO Y DIRIGIR COMUNICACION AL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS PARA QUE SE EXPIDIESE Y REMITIESE A ESTE TRIBUNAL TESTIMONIO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL 8 DE OCTUBRE DE 1981. POR PROVIDENCIA DE 8 DE FEBRERO DE 1984, LA SECCION SEGUNDA ACORDO TENER POR RECIBIDA LA CERTIFICACION INTERESADA.

7. POR PROVIDENCIA DE 8 DE JULIO ULTIMO SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DEL PRESENTE RECURSO EL DIA 10 DEL MISMO MES.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO. EL REAL DECRETO 1932/1983, DE 22 DE JUNIO, TIENE POR OBJETO LA REFUNDICION DE DISPOSICIONES ANTERIORES DOS REALES DECRETOS DE 1977 Y 1978 Y UNA ORDEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 1979 CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS AUXILIOS PRESTADOS A LOS AGRICULTORES JOVENES, ADAPTANDO AQUELLAS Y ESTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 49/1981, DE 24 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL ESTATUTO DE LA EXPLOTACION FAMILIAR Y DE LOS AGRICULTORES JOVENES. COMO SE SEÑALA EN EL PREAMBULO DE LA CITADA DISPOSICION REGLAMENTARIA Y SE CONCRETA EN SU ARTICULO 3., CON LAS MEDIDAS DE FOMENTO QUE EL NUEVO TEXTO REGULA SE TRATA DE ESTIMULAR POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS FAMILIARES, LAS ADQUISICIONES DE TIERRAS QUE PERMITAN AMPLIAR LAS DIMENSIONES FISICAS DE LAS MISMAS O CONSTITUIR NUEVAS UNIDADES DE EXPLOTACION DE FORMA INDIVIDUAL O ASOCIATIVA DE CARACTER COOPERATIVO Y, FINALMENTE, LA ADQUISICION O MEJORA DE VIVIENDAS DE USO PROPIO POR LOS AGRICULTORES JOVENES. EN SUMA, LA FINALIDAD DE LA DISPOSICION REGLAMENTARIA ESTATAL, ALGUNAS DE CUYAS NORMAS HAN SIDO TACHADAS DE INCONSTITUCIONALES POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, CONSISTE EN LA RACIONALIZACION DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS MEDIANTE EL REJUVENECIMIENTO Y LA CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES Y LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS QUE SON O PUEDEN LLEGAR A SER TITULARES.

DADA LA SINGULAR IMPORTANCIA QUE EL SECTOR ECONOMICO PRIMARIO TIENE EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA, ES CLARO QUE LAS MEDIDAS DE FOMENTO QUE EL REAL DECRETO CONTEMPLA HAN DE TENER INCIDENCIA EN LA CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO, CUYA RESPONSABILIDAD BASICA INCUMBE AL ESTADO. PERO TAMPOCO ES DUDOSO QUE EL REPERTORIO DE ACTUACIONES PUBLICAS QUE LA NORMA REGLAMENTARIA PRECONIZA PARA ALCANZAR LOS FINES DE INTERES PUBLICO ANTES SEÑALADOS INCIDE DE LLENO EN EL AMBITO MATERIAL DE LA AGRICULTURA A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 148.1.7 DE LA CONSTITUCION. ASI SE ENTENDIO SIN DISCUSION, POR LO DEMAS, DESDE EL INICIO MISMO DEL REGIMEN DE PREAUTONOMIA ANTERIOR A LA CONSTITUCION, EN LAS NORMAS DE TRASPASOS COMPETENCIALES A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y, POSTERIORMENTE, UNA VEZ ENTRADO EN VIGOR EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, EN LAS NORMAS DE TRASPASOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA. EN TAL SENTIDO, EL REAL DECRETO 1388/1978, DE 23 DE JUNIO, QUE TRANSFIERE COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN MATERIA DE AGRICULTURA, ATRIBUYE A ESTA EL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA QUE, ENTRE OTRAS, DESEMPEÑA TAREAS DE FOMENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS AGRICULTORES; ASIMISMO, EL REAL DECRETO 2210/1979, DE 7 DE SEPTIEMBRE, TRANSFIERE A LA GENERALIDAD LAS COMPETENCIAS SOBRE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES QUE HASTA ENTONCES ERAN EJERCIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y EXTENSION AGRARIAS; Y, POR ULTIMO, EL REAL DECRETO 233 1981, DE 9 DE ENERO, DISPONE QUE EL AREA DE <CREDITOS DE CAPACITACION, INCORPORACION E INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES> QUE EN BUENA MEDIDA ES LA CONTEMPLADA POR EL REAL DECRETO EN CONFLICTO QUEDA ATRIBUIDA A LA GENERALIDAD EN VIRTUD DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA QUE ESTA OSTENTA EN MATERIA DE AGRICULTURA, CONFORME A LOS ARTS. 148.1.7. DE LA CONSTITUCION Y 12.1.4 DEL ESTATUTO CATALAN, SI BIEN LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS HABRAN DE EJERCERSE, SEGUN ESTE REAL DECRETO, MEDIANTE UN CONVENIO CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE REGULE LA INSTRUMENTACION DE AQUELLOS CREDITOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA.

SEGUNDO. COMO ACABAMOS DE SEÑALAR, LA AGRICULTURA ES UNA DE LAS MATERIAS CUYA INTEGRA ASUNCION COMPETENCIAL POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HA SIDO PERMITIDA POR LA CONSTITUCION, EN SU ARTICULO 148. DE ACUERDO CON ESTA PREVISION CONSTITUCIONAL, EL ART. 12.1.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA ATRIBUYE, EN EFECTO, A LA GENERALIDAD LA COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE LA AGRICULTURA. PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE EL CARACTER EXCLUSIVO CON QUE SE PREDICA LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE EL SECTOR AGRICOLA SEA EN SI MISMO UN IMPEDIMENTO INFRAQUEABLE A TODA INTERVENCION ESTATAL EN LA MATERIA DENTRO DEL TERRITORIO DE CATALUÑA, Y ELLO NO SOLO PORQUE CIERTAS MATERIAS O ACTIVIDADES, ESTRECHAMENTE LIGADAS A LA AGRICULTURA, PUEDEN CAER BAJO OTROS ENUNCIADOS COMPETENCIALES QUE EL ARTICULO 149 DE LA CONSTITUCION CONFIA AL ESTADO, SINO SOBRE TODO PORQUE TANTO LA NORMA FUNDAMENTAL COMO EL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA DEJAN A SALVO LAS FACULTADES DE DIRECCION GENERAL DE LA ECONOMIA, Y, POR TANTO, DE CADA UNO DE SUS SECTORES PRODUCTIVOS, QUE HAN DE QUEDAR EN PODER DE LOS ORGANOS CENTRALES DEL ESTADO. ASI SE RECONOCE EN EL ART. 12.1.4 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA AL ESPECIFICAR QUE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CATALANA EN MATERIA DE AGRICULTURA (Y GANADERIA) HABRA DE EJERCERSE <DE ACUERDO CON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA MONETARIA DEL ESTADO> Y <EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 38, 131, Y EN LOS NUMS. 11 Y 13 DEL APARTADO 1 DEL ART. 149 DE LA CONSTITUCION.

TODO LO CUAL SIGNIFICA QUE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA ESTA CIERTAMENTE FACULTADA PARA DESARROLLAR UNA POLITICA AGRICOLA PROPIA, ORIENTADA A LA SATISFACCION DE SUS INTERESES PECULIARES EN ESA MATERIA, PERO SIN OLVIDAR QUE AQUELLA OPCION POLITICA HA DE MOVERSE DENTRO DE LAS ORIENTACIONES E INTERVENCIONES BASICAS Y DE COORDINACION QUE EL ESTADO DISPONGA PARA EL SECTOR AGRICOLA EN CUANTO COMPONENTE ESENCIAL DEL SISTEMA ECONOMICO GENERAL.

TERCERO. LAS OBSERVACIONES PRECEDENTES NOS SITUAN YA EN CONDICIONES DE EXAMINAR Y ENJUICIAR LOS TERMINOS EN QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y EL ESTADO SOSTIENEN SU PROPIA COMPETENCIA EN EL PRESENTE CONFLICTO. LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE LO HA PROMOVIDO NO DISCUTE EN MODO ALGUNO LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO CORRESPONDE PARA DESTINAR PARTIDAS DE SU PRESUPUESTO O PARA FACILITAR LA CONCESION DE PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES JOVENES DE CATALUÑA. LO QUE SE COMBATE POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD ES SOLO EL MODO EN QUE SE ARTICULAN JURIDICAMENTE AQUELLAS MEDIDAS DE FOMENTO, A TRAVES DE UNAS NORMAS REGLAMENTARIAS QUE CONCENTRAN TODAS LAS FACULTADES DE GESTION DE LAS SUBVENCIONES Y DE LOS PRESTAMOS EN MANOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, PRIVANDO DE LAS MISMAS A LA GENERALIDAD, CUYA COMPETENCIA EXCLUSIVA RESPECTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTION QUE RATIONE MATERIAE SE SUBSUMEN EN EL BLOQUE DE LA AGRICULTURA QUEDA DE ESTE MODO GRAVEMENTE MUTILADA. CON ELLO, EL REAL DECRETO 1932/1983 HACE ADEMAS CASO OMISO, SEGUN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, DEL MANDATO CONTENIDO EN LA LEY 49/1981, CUYA DISPOSICION FINAL PRIMERA. 2 PREVE TEXTUALMENTE QUE <LAS REFERENCIAS QUE EN EL PRESENTE ESTATUTO DE LA EXPLOTACION FAMILIAR AGRARIA Y DE LOS AGRICULTORES JOVENES SE HACEN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE ENTENDERAN HECHAS A LOS ORGANOS COMPETENTES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, SIEMPRE QUE ESTUVIERAN ATRIBUIDAS LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS>.

AFIRMA POR SU PARTE LA REPRESENTACION DEL ESTADO QUE LAS NORMAS EN CONFLICTO ENCUENTRAN SU LEGITIMIDAD EN LA POTESTAD GENERAL DE GASTO PUBLICO QUE EL ESTADO OSTENTA. DE ACUERDO CON ESTE TITULO COMPETENCIAL, LA ADMINISTRACION ESTATAL ESTARIA AUTORIZADA PARA DESTINAR SUS FONDOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ASI COMO PARA DEFINIR EL REGIMEN DE LAS AYUDAS OTORGADAS Y CONTROLAR EL GASTO REALIZADO. A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, ESTE PODER GENERAL DE GASTO PUBLICO QUE AL ESTADO COMPETE NO ANULA NI CONDICIONA LA FACULTAD DE GASTAR QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS SECTORIALES, CORRESPONDE ASIMISMO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA, LA CUAL PUEDE CIERTAMENTE INVERTIR SUS FONDOS PARA PROMOCIONAR EN SU TERRITORIO LAS MISMAS ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO QUE SON OBJETO DE FOMENTO POR PARTE DEL ESTADO.

NO ES POSIBLE COMPARTIR LA PRIMERA DE LAS AFIRMACIONES CON QUE CONSTRUYE SU TESIS EL ABOGADO DEL ESTADO. PUES, EN EFECTO, SI SE ACEPTARA QUE LA POTESTAD DE GASTO PUBLICO HABILITA SIN MAS AL ESTADO PARA EJERCER TODAS LAS COMPETENCIAS, INCLUSO LAS DE SIMPLE EJECUCION, EN RELACION CON LAS MATERIAS O SECTORES HACIA LOS QUE DECIDE DESTINAR SUS PROPIOS FONDOS, ES EVIDENTE QUE ELLO CONDUCIRIA EN LA PRACTICA A UNA SENSIBLE ALTERACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS QUE RESULTA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. EN LO QUE CONCIERNE A LA SUBVENCION, EN CUANTO TECNICA DE USO MAS FRECUENTE DENTRO DE ESA GENERICA POTESTAD DE GASTO, ESTE TRIBUNAL HA TENIDO YA OCASION DE DECLARAR QUE <NO ES CONCEPTO QUE DELIMITE COMPETENCIAS, ATRAYENDO TODA REGULACION QUE, DESDE UNO U OTRO ASPECTO, TENGA CONEXION CON AQUELLA> (SENTENCIAS 39/1982, DE 30 DE JUNIO, Y 179/1985, DE 19 DE DICIEMBRE), NI PUEDE SER CONSIDERADA TAMPOCO POR QUIEN LA CONCEDE <EN NUCLEO QUE ATRAIGA HACIA SI TODA COMPETENCIA SOBRE LOS VARIADOS ASPECTOS A QUE PUEDE DAR LUGAR LA MISMA> (SENTENCIA 144/1985, DE 25 DE OCTUBRE), Y OTRO TANTO CABE DECIR DE LA FACULTAD DE GASTAR QUE EL ESTADO TIENE Y EN CUYO EJERCICIO ESTE OTORGA SUBVENCIONES Y AUXILIOS ECONOMICOS A TERCEROS: TAL FACULTAD DE GASTO PUBLICO EN MANOS DEL ESTADO <NO CONSTITUYE UN TITULO COMPETENCIAL AUTONOMO> (SENTENCIA 179/1985, DE 19 DE DICIEMBRE) QUE PUEDE DESCONOCER, DESPLAZAR O LIMITAR LAS COMPETENCIAS MATERIALES QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEGUN LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA; ANTES, AL CONTRARIO, EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS ESTATALES, ANEJO AL GASTO O A LA SUBVENCION, SOLO SE JUSTIFICA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZON DE LA MATERIA SOBRE LA QUE OPERA DICHO GASTO O SUBVENCION, LA CONSTITUCION O, EN SU CASO, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAYAN RESERVADO AL ESTADO LA TITULARIDAD DE TALES COMPETENCIAS.

CUARTO. SENTADAS LAS PREMISAS ANTERIORES, CONVIENE RECORDAR AHORA, SEGUN HEMOS AFIRMADO MAS ARRIBA, QUE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN MATERIA DE AGRICULTURA HAN DE EJERCERSE DENTRO DE LOS LIMITES MARCADOS POR EL ART. 12.1.4 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA, QUE DEJA A SALVO LAS FACULTADES DEL ESTADO PARA LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL.

ES CLARO QUE DENTRO DE ESTA COMPETENCIA DE DIRECCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL TIENEN COBIJO TAMBIEN LAS NORMAS ESTATALES QUE FIJEN LAS LINEAS DIRECTRICES Y LOS CRITERIOS GLOBALES DE ORDENACION DE SECTORES ECONOMICOS CONCRETOS, ASI COMO LAS PREVISIONES DE ACCIONES O MEDIDAS SINGULARES QUE SEAN NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS FINES PROPUESTOS DENTRO DE LA ORDENACION DE CADA SECTOR. A ESTE ESQUEMA DE ORDENACION BASICA DEL SECTOR AGRICOLA RESPONDE LA LEY 49/1981, Y EL REAL DECRETO EN CONFLICTO. AQUELLA SE HA MARCADO COMO OBJETIVOS LA PROTECCION DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE CARACTER FAMILIAR Y EL ACCESO DE LOS AGRICULTORES JOVENES A LA TITULARIDAD DE EXPLOTACIONES AGRARIAS QUE PUEDAN ACTUAR EN EL MERCADO COMO UNIDADES EMPRESARIALES ECONOMICAMENTE VIABLES. AL SERVICIO DE TALES FINES, LA PROPIA LEY HA DISPUESTO UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE FOMENTO QUE PUEDEN SER COMPRENDIDAS SIN DIFICULTAD DENTRO DE LAS BASES DE LA ORDENACION DEL SECTOR, MEDIDAS QUE HAN SIDO OBJETO DE REGULACION CONCRETA POR EL REAL DECRETO 1932/1983, SINGULARMENTE EN LO QUE CONCIERNE AL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS Y SUBVENCIONES CON GARANTIA O CON CARGO A FONDOS DEL ESTADO.

SI LAS INVERSIONES ESTATALES, ORIENTADAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ECONOMICOS ANTES MENCIONADOS, QUEDAN DE ESTE MODO PLENAMENTE JUSTIFICADAS DESDE EL PLANO CONSTITUCIONAL, CABE PREGUNTARSE, NO OBSTANTE, SI ESA MISMA JUSTIFICACION ALCANZA O NO A LA TOTALIDAD DE LA REGULACION QUE DE LAS MISMAS OFRECE EL REAL DECRETO EN CUESTION. PARA JUZGAR CON ACIERTO ESTA CUESTION, Y DILATANDO PARA MAS ADELANTE NUESTRO JUICIO DEFINITIVO SOBRE LOS PRECEPTOS QUE SON OBJETO DEL PRESENTE CONFLICTO, ES OPORTUNO ADVERTIR, COMO YA HICIERAMOS EN OCASION ANTERIOR, QUE NO ES METODOLOGICAMENTE ADECUADA Y PUEDE RESULTAR ARTIFICIOSA E INUTIL TODA DISTINCION ENTRE LO BASICO Y LO NO BASICO SI PRETENDE APLICARSE A <LOS PRECEPTOS INTEGRANTES DE UNA MEDIDA QUE SOLO PUEDE SER CONSIDERADA Y APLICADA COMO UNIDAD>, EN EL BIEN ENTENDIDO, CLARO ES, DE QUE <SOLO PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO ELEMENTOS DE LA MEDIDA AQUELLOS PRECEPTOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE ORDENADOS A LA OBTENCION DEL FIN PROPUESTO>, DE TAL MANERA QUE, <SI LA DISPOSICION QUE LA CONTIENE INCLUYESE OTROS NO RELACIONADOS CON ESA FINALIDAD, RESPECTO DE ELLOS LA DELIMITACION COMPETENCIAL APOYADA EN LA DISTINCION ENTRE NORMAS BASICAS Y NORMAS DE DESARROLLO HABRA DE SER RESPETADA> (SENTENCIA 179/1985, DE 19 DE DICIEMBRE).

EN EL CASO QUE AHORA ANALIZAMOS, LAS MEDIDAS -SUBVENCIONES Y PRESTAMOS CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO DEMANDAN UNA REGULACION UNITARIA, PORQUE, A SALVO LO QUE MAS ADELANTE SE DIRA, LOS DISTINTOS ASPECTOS A QUE DICHA REGULACION SE REFIERE SON OTROS TANTOS ELEMENTOS INDISOCIABLES DE CADA MEDIDA O, DICHO DE OTRO MODO, SON INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA CONSEGUIR LOS FINES DE INTERES PUBLICO QUE CON ELLAS SE PERSIGUEN. ASI, JUNTO A UNA REGULACION COMUN A AMBOS TIPOS DE MEDIDAS DE FOMENTO, EN LA QUE, DE UNA PARTE, SE IDENTIFICA A SUS POSIBLES BENEFICIARIOS (ART. 2), Y, DE OTRA, SE FIJAN LOS FINES A ALCANZAR CON LAS MISMAS (ARTS. 3.12 Y 13), EL REAL DECRETO 1932/1983 ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO A QUE HAN DE SUJETARSE LOS PRESTAMOS QUE SE OTORGUEN, CONFIGURANDO LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE TALES MODALIDADES DE PRESTAMOS, COMO SON LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE PUEDEN CONCEDERLOS, LOS TIPOS DE INTERES QUE HAN DE ABONARSE, LOS PLAZOS DE AMORTIZACION Y LAS GARANTIAS EXIGIBLES PARA SU CONCESION (ARTS. 4, 5, 6 Y 7). Y DE MODO ANALOGO OPERA EL REAL DECRETO POR LO QUE SE REFIERE A LAS SUBVENCIONES (ART. 8). BIEN PUEDE ACEPTARSE, POR TANTO, QUE CON ESA REGULACION UNITARIA SE DEFINEN Y CONCRETAN LOS ELEMENTOS BASICOS DE LAS TECNICAS DE INCENTIVACION AGRARIA PRECONIZADAS POR EL LEGISLADOR, GARANTIZANDOSE ASI NO SOLO LA EFICACIA DE LAS MISMAS, SINO TAMBIEN LA IGUALDAD EN EL DISFRUTE POR PARTE DE SUS POTENCIALES DESTINATARIOS. TODO LO CUAL CONFIRMA EN ESTE PUNTO LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL REAL DECRETO 1932/1983.

QUINTO. LA CUESTION SE COMPLICA, NO OBSTANTE, SI PASAMOS AL PLANO DE LA GESTION DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO REGULADAS POR LA DISPOSICION ESTATAL. EN ESTA SE CONTEMPLAN BASICAMENTE TRES TIPOS DE INCENTIVOS: 1) LOS PRESTAMOS PARA MEJORAS PERMANENTES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y PARA ADQUISICIONES DE TIERRAS; 2) LOS PRESTAMOS PARA ADQUISICION O MEJORA DE VIVIENDA PROPIA, Y 3) LAS SUBVENCIONES VINCULADAS A LOS PRESTAMOS QUE, EN SU CASO, SE CONCEDAN. EN CUANTO A LOS PRIMEROS, EL REAL DECRETO DISPONE QUE SU OTORGAMIENTO POR EL BANCO DE CREDITO AGRICOLA O POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE AQUEL SE EFECTUARA A PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y, PREVIA APROBACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS DE INVERSION POR ESTE MISMO CENTRO DIRECTIVO (ARTS. 5.1 Y 15). LOS PRESTAMOS PARA VIVIENDAS QUEDAN A SU VEZ CONDICIONADOS A LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION POR LA DIRECCION GENERAL ANTES DICHA O, MEDIANTE DELEGACION, POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL CITADO DEPARTAMENTO MINISTERIAL (ART. 16), ASI COMO A LA FIRMA DE LOS OPORTUNOS CONVENIOS ENTRE ESTE MINISTERIO Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS, PUBLICAS O PRIVADAS, QUE HABRAN DE CONCEDERLOS (ART. 7.1). POR LO QUE SE REFIERE A LAS SUBVENCIONES VINCULADAS A LOS ANTERIORES PRESTAMOS, EL REAL DECRETO DISPONE QUE SERAN EN TODO CASO CONCEDIDAS POR LA MENCIONADA DIRECCION GENERAL (ART. 8), UNA VEZ APROBADAS POR LA MISMA (ART. 15) O, COMO EN EL CASO ANTERIOR, POR LOS ORGANOS PERIFERICOS DEL DEPARTAMENTO (ART. 16).

EL CUADRO DE INSTRUMENTOS DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS ANTERIORES SE COMPLETA

MEDIANTE LA ATRIBUCION A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS DE FACULTADES DE INSPECCION, RELATIVAS A LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS APROBADOS Y DE LA CORRECTA APLICACION DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.

EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA ENTIENDE QUE TODO ESTE REPERTORIO DE ACTOS DE GESTION QUE LA DISPOSICION REGLAMENTARIA RESERVA AL ESTADO ES, SIN EXCEPCION, INCONSTITUCIONAL POR INVADIR LAS COMPETENCIAS QUE, DENTRO DEL TERRITORIO DE CATALUÑA, RECONOCE A LA GENERALIDAD EL ARTICULO 12.1.4 DEL ESTATUTO CATALAN. SI BIEN EL ESQUEMA ARGUMENTAL UTILIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE PLANTEA EL CONFLICTO ES INICIALMENTE CORRECTO, NO PUEDE SER APLICADO, SIN EMBARGO, A LOS ARTS. 7.1 Y 8 DEL REAL DECRETO EN CUESTION, HABIDA CUENTA DE LA MODALIDAD TECNICA ELEGIDA POR ESTA DISPOSICION PARA QUE LOS AGRICULTORES JOVENES DE TODA ESPAÑA PUEDAN ACCEDER EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LOS CREDITOSY A LAS SUBVENCIONES QUE AQUELLOS PRECEPTOS REGULAN.

EN EFECTO, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON LOS CREDITOS PARA MEJORAS PERMANENTES O PARA ADQUISICIONES DE TIERRAS QUE, SEGUN DISPONE EL ART. 5.1, SON CONCEDIDOS POR UNA SOLA ENTIDAD FINANCIERA PUBLICA (EL BANCO DE CREDITO AGRICOLA, DIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS ENTIDADES COLABORADORAS), LO QUE PERMITE ASEGURAR EN TODO MOMENTO QUE NO SE SUPEREN LAS CIFRAS MAXIMAS QUE, CONFORME AL ART. 56 DE LA LEY 49/1981, AUTORIZA EL GOBIERNO ANUALMENTE, LOS PRESTAMOS PARA ADQUISICION O MEJORA DE VIVIENDA PROPIA PUEDEN SER CONCEDIDOS, SEGUN EL ART. 7.1, POR DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS. ESTA OPCION, CONTEMPLADA TAMBIEN EN EL ANTES CITADO ART. 56 DE LA LEY 49/1981, NO GARANTIZA POR SI MISMA, COMO EN EL CASO ANTERIOR, QUE LOS TOPES MAXIMOS PREVISTOS PARA ESTA LINEA DE CREDITOS SEAN EFECTIVAMENTE RESPETADOS, NI TAMPOCO SERIA POSIBLE ASEGURAR UNA DISTRIBUCION HOMOGENEA O NO DISCRIMINATORIA DE TALES CREDITOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SI CADA COMUNIDAD AUTONOMA ESTUVIERA FACULTADA PARA SUSCRIBIR LOS CONVENIOS A QUE SE REFIEREN LOS PRECEPTOS LEGAL Y REGLAMENTARIO ANTES MENCIONADOS. SIENDO ESTO ASI, RESULTA FORZOSO ADMITIR QUE, EN VIRTUD DE LAS COMPETENCIAS DE COORDINACION QUE AL ESTADO RECONOCE EL ART. 149.1.13, SEA CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO RESIDENCIAR EN UN SOLO ORGANO ESTATAL LA FACULTAD DE FORMALIZAR LOS CONVENIOS A QUE HABRAN DE AJUSTARSE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA PODER CONCEDER ESTA MODALIDAD DE CREDITOS DESTINADOS A VIVIENDAS RURALES.

POR LO QUE SE REFIERE A LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL ART. 8 DEL REAL DECRETO, NO HAY DUDA DE QUE LAS ADJUDICACIONES DE LAS MISMAS SON SIMPLES ACTOS DE EJECUCION QUE CABRIA INCLUIR, EN PRINCIPIO, DENTRO DEL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE HA PLANTEADO EL CONFLICTO. EN ESTE SENTIDO, LA PRETENSION DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SERIA CIERTAMENTE IRREPROCHABLE SI LA CANTIDAD GLOBAL QUE EL ESTADO DESTINA A FONDO PERDIDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES JOVENES EN TODA ESPAÑA HUBIERA SIDO PREVIAMENTE DISTRIBUIDA, CONFORME A CRITERIOS OBJETIVOS, ENTRE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUYOS ESTATUTOS LES ATRIBUYEN COMPETENCIAS EXCLUSIVAS SOBRE LA AGRICULTURA, TECNICA ESTA DE REPARTO TERRITORIAL DE LAS SUBVENCIONES PARA SU GESTION DESCENTRALIZADA POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS QUE RESULTA LA MAS AJUSTADA AL MODELO DE ESTADO DE LAS AUTONOMIAS DISEÑADO POR LA CONSTITUCION.

NO ES ESTA, SIN EMBARGO, LA TECNICA ADOPTADA EN EL CASO DE LAS SUBVENCIONES QUE AHORA EXAMINAMOS. ESTAS SE NUTREN ENTERAMENTE CON FONDOS ESTATALES CUYA CONSIGNACION PRESUPUESTARIA CORRE A CARGO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA, ORGANISMO AUTONOMO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE COEXISTE CON LOS SERVICIOS DE IGUAL DENOMINACION QUE HAN SIDO TRANSFERIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS; CONCRETAMENTE EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 1984, EL CITADO SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA CONTO CON UNA CONSIGNACION CERCANA A LOS SIETE MIL MILLONES DE PESETAS (PARA GASTOS DE CAPITAL Y DE FUNCIONAMIENTO), DE LOS CUALES ALGO MAS DE MIL OCHOCIENTOS MILLONES FUERON DESTINADOS A LAS SUBVENCIONES PREVISTAS POR EL REAL DECRETO 1932/1983 PARA AGRICULTORES JOVENES. ASI LAS COSAS, Y DEJANDO DE LADO EL HECHO DE QUE EXISTA UNA DUPLICIDAD DE ORGANISMOS -UNO EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y OTROS EN LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS- QUE SE OCUPAN DE LOS MISMOS COMETIDOS PROMOCIONALES DENTRO DEL SECTOR AGRICOLA, ES CLARO QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA DISPONER DE UNOS FONDOS QUE HAN QUEDADO INTEGRAMENTE CENTRALIZADOS EN UN ORGANISMO AUTONOMO DEL ESTADO, POR LO QUE, CUALQUIERA QUE FUESE EL JUICIO QUE TAL CENTRALIZACION -EFECTUADA EN SU MOMENTO Y QUE AQUI NO ES OBJETO DE DISCUSION- PUDIERA MERECER, NO CABE OPONER TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD AL ARTICULO 8 DEL REAL DECRETO QUE ENCOMIENDA EL OTORGAMIENTO DE ESTAS SUBVENCIONES ESTATALES NO DESCENTRALIZADAS A UN SOLO ORGANO DE LA PROPIA ADMINISTRACION DEL ESTADO, A SABER, LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIAS. DANDO UN PASO MAS, SE PODRIA LLEGAR A CUESTIONAR SI TIENE SENTIDO Y ES EFICAZ UN SISTEMA DE SUBVENCIONES CENTRALIZADAS A UN SECTOR ECONOMICO COMO EL AGRICOLA QUE HA SIDO DESCENTRALIZADO Y ATRIBUIDO A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CUESTION QUE, SIN EMBARGO, NO HA SIDO PLANTEADA POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, LO QUE HACE QUE NO SEA ESTA LA OCASION MAS PROPICIA PARA SU MUY DISTINTO ES EL JUICIO QUE HAN DE MERECERNOS LAS DEMAS COMPETENCIAS DE EJECUCION QUE LA NORMA REGLAMENTARIA RESERVA TAMBIEN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. UNA DECISION DE ESTE GENERO DEJA DE ENCONTRAR AMPARO EN LA DEFINICION DE LAS BASES O EN LA COORDINACION DEL SECTOR AGRICOLA QUE, CONFORME AL ART.

149.1.13, HA DE LLEVAR A CABO EL ESTADO; Y, FRENTE A LO QUE EN ALGUN MOMENTO PARECE DEFENDER EL ABOGADO DEL ESTADO EN SUS ALEGACIONES, TAMPOCO PODRIA JUSITIFICARSE EN LA ORDENACION BASICA DEL CREDITO QUE LA NORMA FUNDAMENTAL ART. 149.1.11 SITUA ASIMISMO EN LA ESFERA COMPETENCIAL DE LOS ORGANOS CENTRALES DEL ESTADO. NINGUNO DE LOS ANTERIORES TITULOS COMPETENCIALES ES SUFICIENTE PARA DESPLAZAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA GESTION O EJECUCION DE UNAS MEDIDAS DE FOMENTO QUE INCIDEN DE LLENO EN EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS DENTRO DEL SECTOR AGRICOLA. LA GESTION POR EL ESTADO DE TALES MEDIDAS O, DICHO CON OTRAS PALABRAS, LA RESERVA A ORGANOS ESTATALES DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION ORIENTADAS AL OTORGAMIENTOS DE LOS PRESTAMOS Y AUXILIOS ECONOMICOS, PREVISTOS EN LA LEY Y DESARROLLADOS EN EL REAL DECRETO DISCUTIDO SOLO SERIA CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE SI, COMO ANTES HEMOS INDICADO, LA GESTION CENTRALIZADA DE LOS EXPRESADOS INCENTIVOS ECONOMICOS RESULTASE IMPRESCINDIBLE PARA ASEGURAR SU PLENA EFECTIVIDAD DENTRO DE LA ORDENACION BASICA DEL SECTOR Y PARA GARANTIZAR LAS MISMAS POSIBILIDADES DE OBTENCION Y DISFRUTE POR PARTE DE SUS POTENCIALES DESTINATARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SIENDO AL TIEMPO UN MEDIO NECESARIO PARA EVITAR QUE SE SOBREPASE LA CUANTIA GLOBAL DE LOS FONDOS ESTATALES O DE LOS CREDITOS QUE HAYAN DE DESTINARSE AL SECTOR.

NINGUNA DE ESTAS EXIGENCIAS QUE PODRIAN LEGITIMAR LA UNIDAD DE GESTION POR LA ADMINISTRACION ESTATAL CONCURRE EN EL PRESENTE CASO. PUES, EN EFECTO, LA CUANTIA MAXIMA DE LAS SUBVENCIONES VIENE DETERMINADA POR LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS; Y OTRO TANTO CABE DECIR DE LOS PRESTAMOS QUE CONCEDAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS SEÑALADAS EN EL REAL DECRETO, PRESTAMOS CUYA CIFRA GLOBAL MAXIMA NO PODRA EXCEDER SEGUN PRESCRIBE EL ART. 56.1 DE LA LEY 49/1981 DE LOS LIMITES QUE ANUALMENTE AUTORICE EL GOBIERNO PARA ESTOS FINES, CON LO QUE LA DIMENSION CUANTITATIVA DE ESTA MODALIDAD DE INCENTIVOS RESULTA ASI PLENAMENTE ASEGURADA, SIN RIESGO DE QUEBRANTAMIENTO POR LA GESTION QUE LLEVE A CABO, EN EL EJERCICIO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS Y DENTRO DE SU TERRITORIO, LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE HA PLANTEADO EL CONFLICTO. ANALOGO RAZONAMIENTO CABE SOSTENER EN RELACION CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS BASICOS QUE HAN DE OBSERVARSE EN LA CONCESION Y DISFRUTE DE AQUELLOS BENEFICIOS: SU APLICACION HOMOGENEA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUEDA TAMBIEN GARANTIZADA POR LA REGULACION UNITARIA NO DISCUTIDA POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA QUE DE LOS MISMOS OFRECE EL REAL DECRETO, BASTANDO AQUI CON COMPROBAR SI EN LAS PETICIONES DE CREDITOS Y SUBVENCIONES SE DAN O NO TODOS LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARIAN SU OTORGAMIENTO O DENEGACION.

ASI LAS COSAS, ES FORZOSO ADMITIR CON EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE NO TIENE ENCAJE CONSTITUCIONAL LA PRETENSION DE QUE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO SE ENCARGUEN DE DESEMPEÑAR TAMBIEN TALES COMETIDOS DE PURA Y SIMPLE EJECUCION, ANULANDOSE ASI TODA PRESENCIA O PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LA MATERIA. HAY EN ELLO UN EXCESO NOTORIO DE LAS COMPETENCIAS DE ORDENACION BASICA Y DE COORDINACION QUE LA CONSTITUCION RESERVA AL ESTADO, EXCESO QUE FUE CIERTAMENTE EVITADO COMO RECUERDA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EN SU ALEGACIONES Y HEMOS SEÑALADO ANTES POR LA LEY 49/1981, EN EL APARTADO SEGUNDO DE SU DISPOSICION FINAL PRIMERA, AL DECLARAR QUE LAS REFERENCIAS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE ENTENDERAN HECHAS A LOS ORGANOS COMPETENTES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, PERO EN EL QUE HA INCURRIDO DE PLANO EL REAL DECRETO AHORA DISCUTIDO. DE TODO LO DICHO SE DESPRENDE LOGICAMENTE QUE LAS COMPETENCIAS QUE LA DISPOSICION ESTATAL ATRIBUYE AL ESTADO EN LOS ARTS. 5.1, 15 Y 16, RELATIVAS A LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES PRESENTADOS POR LOS SOLICITANTES, PROPUESTA DE CONCESION DE CREDITOS Y APROBACION DE LAS SUBVENCIONES VINCULADAS A LOS PRESTAMOS OTORGADOS, CORRESPONDE EJERCERLAS, DENTRO DE SU TERRITORIO, A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.

COROLARIO NECESARIO DE LO ANTERIOR ES QUE LAS OPERACIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA CONCERNIENTES AL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS AUXILIOS ECONOMICOS CONCEDIDOS, EN LA MEDIDA EN QUE SON UN MODO CUALIFICADO DE EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE EJECUCION, DEBEN LLEVARSE A CABO ASIMISMO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, LO QUE EN OTROS TERMINOS SIGNIFICA QUE LAS FACULTADES DE INSPECCION DE LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, A QUE SE REFIERE EL ART. 17 DEL REAL DECRETO IMPUGNADO, CORRESPONDEN TAMBIEN DENTRO DE SU TERRITORIO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

LAS CONCLUSIONES ANTERIORES NO QUEDAN DESVIRTUADAS POR EL HECHO DE QUE, FRENTE A LO QUE PRETENDE EL REPRESENTANTE DEL ESTADO EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REAL DECRETO DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, ESTA NORMA ESTATAL REPRODUZCA VIRTUALMENTE EL CONTENIDO DE UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 233 1981 DE TRASPASOS DE SERVICIOS EN MATERIA DE EXTENSION Y CAPACITACION AGRARIA. ENTENDEMOS QUE DEBE DESCARTARSE ESTE ALEGATO DEL ABOGADO DEL ESTADO NO TANTO PORQUE EL EXPRESADO CONVENIO HAYA SIDO DEROGADO, COMO PRETENDE LA GENERALIDAD, POR LA LEY 49/1981 CUESTION ESTA EN LA QUE NO PODEMOS ENTRAR POR SER AJENA A LA JURISDICCION DE ESTE TRIBUNAL , SINO PORQUE SE OPONE A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS, MAS ARRIBA INVOCADAS, QUE DETERMINAN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. COMO HEMOS DECLARADO EN OTRAS OCASIONES, LOS REALES DECRETOS DE TRASPASOS DE SERVICIOS <SE LIMITAN A TRANSFERIR ESTOS, Y NO TRANSFIEREN COMPETENCIAS> (SENTENCIA 48/1985, DE 28 DE MARZO, ENTRE OTRAS), POR LO QUE NO PUEDE ACEPTARSE QUE AL SOCAIRE DE UN CONVENIO DE COLABORACION QUE EXPRESA SIN DUDA, AUNQUE AQUI CON ESCASO ACIERTO, LA SIEMPRE NECESARIA VOLUNTAD DE COOPERACION ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD DE CATALUÑA SE ARROGUE AQUEL UN NUEVO TITULO COMPETENCIAL QUE MENOSCABE O ELIMINE LAS ATRIBUCIONES QUE EN ESTA MATERIA, SEGUN HEMOS DICHO, INCUMBEN A LA COMUNIDAD AUTONOMA POR GRACIA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTATUTO, NI TAMPOCO ES ADMISIBLE QUE, MERCED A DICHO CONVENIO, ESTA HAYA PODIDO RENUNCIAR A UNAS COMPETENCIAS QUE SON INDISPONIBLES POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO.

SEXTO. EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NO OBLIGA, SIN EMBARGO, A DECLARAR LA NULIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE LA DESCONOCEN, SINO SOLO SU NO APLICACION DIRECTA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE HA PLANTEADO EL CONFLICTO. LA CLAUSULA DE SUPLETORIEDAD DEL DERECHO ESTATAL, RECOGIDA EN EL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION, PERMITE SOSTENER LA VALIDEZ DE AQUELLOS, SI BIEN SU APLICACION O EFICACIA SERA SUPLETORIA O DE SEGUNDO GRADO DENTRO DEL TERRITORIO DE DICHA COMUNIDAD AUTONOMA. ESTE ES, POR LO DEMAS, EL MANDATO QUE SE CONTIENE Y QUE NO HA SIDO TENIDO EN CUENTA POR EL REAL DECRETO OBJETO DEL PRESENTE CONFLICTO EN LA DISPOSICION FINAL PRIMERA., 1 DE LA LEY 49/1981, SEGUN LA CUAL <LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO (DE LA EXPLOTACION FAMILIAR AGRARIA Y DE LOS AGRICULTORES JOVENES) TENDRA CARACTER SUPLETORIO RESPECTO DE LAS NORMAS... DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS>. ESTA SUPLETORIEDAD HA DE ALCANZAR TAMBIEN A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS EXAMINADAS QUE HAN INVADIDO LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CATALANA.

FALLO EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, HA DECIDIDO:

PRIMERO. DECLARAR QUE CORRESPONDE A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA LA TITULARIDAD DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN LOS ARTS. 5.1, 15, 16 Y 17 DEL REAL DECRETO 1932/1983, DE 22 DE JUNIO.

SEGUNDO. DECLARAR QUE CORRESPONDE AL ESTADO LA TITULARIDAD DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN LOS ARTS. 7.1 Y 8 DEL CITADO REAL DECRETO.

MADRID, 10 DE JULIO DE 1986. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRI GUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. RUBRICADOS.