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10 de junio de 2016

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PRESENTACIÓN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, se impulsa la construcción de un gobierno eficaz, eficiente y congruente con las necesidades de la sociedad; es decir, un gobierno de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, de los trámites y servicios que contemplen la desregulación y simplificación, con controles preventivos eficientes, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas y el nivel de centralización o desconcentración, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.
Finalmente, este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
I. ANTECEDENTES
La Defensoría de Oficio surgió como una institución de apoyo a la población; es decir, su propósito fundamental era el otorgar la defensa necesaria en materia penal a las personas que así lo solicitaran, se caracterizó por ser una unidad administrativa ubicada dentro de la Secretaría de Gobierno, y que por la naturaleza de sus funciones ha sido reubicada en diversas ocasiones.
Los primeros indicios de creación de una unidad que se encargara de desarrollar funciones en materia de justicia se establecen en la Ley de Egresos publicada el 6 de febrero de 1918, esta disposición estableció la creación de los Departamentos de Gobernación, de Salubridad y Beneficencia, del Registro Civil y del Archivo General, así como del Periódico Oficial del Estado.
Por su naturaleza y características, la función de otorgar defensa en materia penal representó para la población la oportunidad de contar con asesoría jurídica profesional y gratuita. Por ello, la Defensoría de Oficio, se fue convirtiendo en una institución importante y necesaria que se regía por la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México, misma que fue publicada el 7 de diciembre de 1951 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, en ésta, se mencionaba que la defensoría tenía por objeto proporcionar la defensa necesaria en materia penal a las personas que lo solicitaran, así como a aquellas que no estuvieran en condiciones de retribuir los servicios de una abogada defensora o de un abogado defensor.
En ese tiempo la defensoría se integraba por el Jefe de la institución, y por un cuerpo de defensoras y defensores de oficio que operaban en cada uno de los distritos judiciales en que se dividía el Estado de México.
Posteriormente, la Ley Orgánica de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de México publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 13 de julio de 1955, precisaba que la titular o el titular de la Secretaria General de Gobierno, sería el responsable de todos los asuntos del Ejecutivo, por ello, para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo contó entre otras, con unidades administrativas como la Dirección de Gobernación, la cual se encargaba de los asuntos relacionados con la publicación de las leyes y decretos que expedía la Legislatura del Estado o el Ejecutivo; registro civil, legalización de firmas; registro público de la propiedad; defensorías de oficio y notarías públicas.
Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México publicada el 13 de enero de 1976, señalaba que para el despacho de los asuntos del Ejecutivo habría un Secretario General de Gobierno, asimismo, describía la estructura administrativa del Gobierno de Estado, estableciendo entre otras unidades, a la Dirección de Gobernación, la cual se encargaba de coordinar la relación con los demás poderes locales, de la federación y con los Ayuntamientos del Estado, regulaba los límites del Estado, publicaba las leyes y decretos, y además era responsable del registro civil y de las defensorías de oficio.
El 17 de septiembre de 1981, se aprueba una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este ordenamiento jurídico establecía el cambio de denominación de la Secretaría General de Gobierno por el de Secretaría de Gobierno y mencionaba en su artículo 21, fracción XII que le correspondía Organizar y controlar la Defensoría de Oficio, a través de la Dirección de Gobernación.