Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 20.386 - Salta, jueves 15 de noviembre de 2018

Público del cumplimiento de un deber, un público deber. En las dos hipótesis, es decir en las dos ramas del proceso, civil y penal, el Ministerio Público impulsa la actividad jurisdiccional por motivos de orden público y de ahí que la acción sea siempre pública por su materia y por agente" Reimundin, Ricardo, Los conceptos de pretensión y acción en la doctrina actual", Zavalia, BsAs., 1966, pags. 93/95. Asimismo, "Autores de solvencia reconocida, como Spota y también Borda, son contestes en indicar que el Ministerio Público tiene el deber de intentar la acción civil cuando medie en la litis una cuestión de interés público o social" cit. en Frezze A.J., Régimen del Ministerio Público: Presente y Futuro;
Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta; 1996; pags. 94/100.
Que además, como ya se ha dicho, un problema central de los casos colectivos es la producción de la prueba como por ejemplo ha analizado la Corte local en Tomo 167:235/264, "Quevedo" la cual, por su complejidad, costos o ausencia de incentivos económicos de las normas que regulan su litigación, operan como obstáculos para el acceso a la justicia. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal puede realizar un aporte sustancial a la solución de la conflictividad colectiva, por intermedio de la obligación a prestarle toda colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones que tienen los poderes públicos de la provincia, ello de acuerdo al art. 168 de la Constitución Provincial y sin dejar de tener en vista la que puede suministrarle la tarea de su propio Cuerpo de Investigaciones Fiscales CIF.
Que en consecuencia, los cometidos, funciones y capacidades fiscales precedentemente reseñadas, revisten esencial trascendencia y, debido a su amplitud, especificidad e importancia, demandan la intervención coadyuvante de profesionales altamente calificados en las materias, resultando, desde ese punto de vista, conveniente que las relatorias sean orientadas a una especialización por áreas, lo que permitirá formar un cuadro de objetivos para cada uno de los funcionarios y delimitar sus responsabilidades.
Por ello, EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, RESUELVE:
1. CREAR en la órbita de la Procuración General de la Provincia de Salta la Unidad Auxiliar de Asuntos Fiscales de Incidencia Colectiva UAAFIC, cuyos miembros cumplirán las funciones en materia medioambiental y defensa de intereses difusos establecidas mediante la Resolución Nº 6710/09 del Colegio de Gobierno y Nº 68/09 de esta Procuración General, y las demás establecidas en la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
2. ESTABLECER que la UAAFIC se integrará de las siguientes Secretarías de asistencia fiscal:
a Secretaría de derecho ambiental, urbanístico y patrimonio cultural;
b Secretaría de derecho del consumidor y usuario, salud e información pública; y c Secretaría de grupos vulnerables y medidas antidiscriminatorias.
3. DETERMINAR que la UAAFIC estará bajo la coordinación de la Secretaría Relatora Ambiental y de Intereses Difusos de la Procuración General de la Provincia.
4. INDICAR como especiales responsabilidades de los funcionarios que se desempeñarán en las Secretarías mencionadas en el punto 2, sin perjuicio de las funciones previstas en el Reglamento General del Ministerio Público, las siguientes tareas:
I. Funciones Comunes:
a Atender al público con fines de asesoramiento en las materias de su especialidad, debiendo en caso de tomar conocimiento de un asunto civil colectivo, confeccionar la respectiva acta y ponerla a consideración del Procurador General del Provincia. En caso de asuntos de otras materias la intervención tendrá meramente fines informativos y redirección a las áreas pertinentes.
b Formular proyectos de dictámenes, demandas civiles públicas colectivas, escritos, reclamos, recursos y demás presentaciones judiciales y extrajudiciales propias de la Ley Nacional N 25.506 - Ley Provincial N 7850 - Disposiciones Boletín Oficial N 374/15 y 375/15

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