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Boletín Oficial Nº 34.601 - Primera Sección
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Viernes 5 de marzo de 2021

Decretos

MIGRACIONES
Decreto 138/2021
DECNU-2021-138-APN-PTE - Decreto N70/2017. Derogación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2021
VISTO el Expediente NEX-2021-07413454-APN-DGDNM, la Ley N25.871 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 616 del 3 de mayo de 2010 y 70 del 27 de enero de 2017,y CONSIDERANDO:
Que por la Ley N25.871 se estableció el régimen de política migratoria argentina, disponiéndose las reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N70/17 modificó aspectos sustanciales de la referida Ley N25.871.
Que se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias. Todo ello, sin evidenciar mejoras ponderables en otros aspectos.
Que, en ese contexto, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N 70/17 se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria.
Que entre distintas sentencias judiciales que declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto de necesidad y urgencia señalado, se destaca que el 22 de marzo de 2018, en el amparo colectivo Centro de Estudios Legales y Sociales y Otros c/ EN-DNM s/ Amparo Ley 16.986 Expediente N 3061/2017, la Sala V
de la CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL declaró la invalidez constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia N70/17. Allí, en cuanto a la sustancia, el fuero competente entendió que la normativa en cuestión vinculada a un grupo vulnerable presenta caracteres regresivos en relación con la legislación previa, incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Que, en el marco de la misma causa, el 18 de noviembre de 2020 se presentó el dictamen de la representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, donde la señora Procuradora Fiscal opinó que el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia referida en el considerando anterior resulta inadmisible.
Que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto conf. Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Argentina, aprobadas por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en su 443 sesión celebrada el 11 de septiembre de 2019; Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño en su 2310 sesión celebrada el 1 de junio de 2018; y Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina aprobadas por el Comité Contra la Tortura en su 1537 sesión celebrada el 10 de mayo de 2017.
Que la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia del 23 de noviembre de 2010, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas y Caso de Personas Dominicanas y Haitianas