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Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 16/4/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
personal vial, conforme los índices del anexo I que forma parte integrante de dicha ley, estableciendo el artículo 3
el valor del índice de la clase I en el equivalente para el mes de agosto de 1988 a A 924, suma que coincide con el salario mínimo vital y móvil fijado por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para ese mes, valor que se actualizará en la misma medida que varíe dicho salario;
Que cabe destacar que las palabras destacadas en el párrafo anterior son textuales de los artículos 2º y 3 de la Ley Provincial 8186;
Que surge sin hesitación que los artículos precedentemente transcriptos de la Ley Provincial 8186 implican la actualización de los salarios de los trabajadores viales en medio de índices indexación, mecanismo que si bien se encontraba suspendido en virtud de distintas leyes de emergencia provinciales, terminó desapareciendo en todo el territorio de la República Argentina a partir del 1 de abril de 1991 por imperio de la Ley de Convertibilidad del Austral, Ley 23.928, hoy derogada parcialmente por la Ley Nacional N 25.561;
Que respecto de la aplicación del "salario mínimo vital y móvil" establecido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 24.013 en su artículo 141 prevé que "El salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional" y su artículo 159
derogó toda disposición que se oponga a la misma;
Que quedó claro que en nuestra Provincia no se podría pretender la aplicación del "salario mínimo vital y móvil"
para el cálculo de los haberes del sector vial, so pena de incurrir en violación de dichas normas, disposiciones derogatorias con preeminencia sobre cualquier norma de orden provincial;
Que por lo tanto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia citada por el recurrente, que hace lugar a la demanda promovida por los agentes viales, arremetió contra leyes de orden público dictadas por el Congreso de la Nación en pleno ejercicio de los poderes que se encuentran expresamente delegados por las Provincias al Gobierno Nacional, las que junto con la Constitución Nacional constituyen la ley fundamental de la Nación y por
