Je veux savoir à propos de…

Que el recurso de apelación jerárquica apunta al cuestionamiento de la constitucionalidad de la emisión de las Letras de Tesorería para la Cancelación de Obligaciones de la Provincia, como así también a la legitimidad del sistema de multas instaurado por la Ley Nº 9382 y el Decreto Nº 129/02 MHOSP, importando éste que la decisión de un órgano inferior sea revisada por el organismo que tiene a su cargo el control jerárquico de la legalidad de los actos del primero, en tal sentido y de acuerdo al derecho que le asiste el recurrente, fundó su presentación en la lesión a sus derechos o intereses legítimos por violación de la ley por el acto recurrido, lo que comprende no solo la legitimidad de aquél sino también por cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia de la facultad del órgano recurrido;
Que en tal sentido el máximo organismo consultivo provincial no sólo considera constitucionales las normas atacadas sino que, atento a que las mismas son de orden público, deviene razonable que el Estado establezca sanciones por el incumplimiento de aquellas, posición que en igual sentido ha adoptado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en cuanto a la constitucionalidad del bono federal creado por la Ley Nº 9359, tomando como antecedente las resoluciones tomadas en casos análogos al presente por el vocal de ese alto cuerpo, doctor Papetti, las que se encuentran expuestas a fojas 55 vta., 56 y 56
vta. de estos actuados;
Que por lo expuesto se deduce que, declarados constitucionales los bonos federales, atento a las medidas de excepción que el Estado ha decidido tomar para capear la crisis que azota la Provincia, también resulta razonable que el propio Estado implemente medidas conducentes a que el mismo pueda servir válidamente como medio de pago cancelatorio de deudas;
Que en relación a la supuesta violación del derecho de propiedad invocado por el recurrente, es dable apuntar que la propia normativa atacada, ha previsto los mecanismos de conversión de los bonos federales, para no afectar las transacciones interprovinciales;
Que por todo lo expuesto, corresponde en consecuencia rechazar el recurso de apelación jerárquica interpuesto, confirmándose lo actuado y mandando continuar el procedimiento;
Que el Departamento Asesoría Legal, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de Estado han dictaminado en lo que es de sus respectivas competencias;
Por ello;
El Ministro de Gobierno y Justicia, a cargo interinamente de la cartera de Hacienda RESUELVE: