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Nº 6771 - 15/12/2023

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Página 258

Que debidamente notificado, el sumariado presenta descargo y acompaña documental;
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver;
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo;
Que del análisis de los hechos, surge que se le atribuyó al administrador la presunta infracción al artículo 9 incisos f y j de la Ley 941, cuyo texto reza: Artículo 9.Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: f.
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma. j. Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada.;
Que la imputación por presunta infracción al inciso f, encontró sustento en los correos electrónicos remitidos a la casilla de correo consignada en las liquidaciones de expensas los días 01/03/2023 y 07/03/2023, a través de los cuales se requirió la puesta a disposición de facturas, auditorías y resúmenes bancarios mensuales; sin embargo, la misma no se habría llevado a cabo, incumpliéndose así con la normativa que rige la materia;
Que en su presentación defensiva, el administrador alegó tener a disposición la documental consorcial en su oficina -sita en el piso 10 del edificio involucradoy argumentó que: lo mismo se le informó a ella la denunciante, tanto en respuesta a sus correos como a los llamados telefónicos que ha realizado a la oficina de la administración del consorcio y a cuyos llamados la Sra. Cristina DAlessandria ha atendido. Tal es así que hace unos días atrás bajó un piso y sacó fotos de toda la documentación que solicitó.;
Que teniendo presente el descargo efectuado, y analizada que fuera la totalidad de la documental aportada en marras, es menester señalar que la mera afirmación de los hechos sin el correspondiente respaldo probatorio, deviene insuficiente a los fines de tener por verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa bajo análisis;
Que en tal sentido, debe recordarse que el administrador tiene la obligación de atender cada solicitud que se le formule en un plazo prudencial de cinco 5 días hábiles, -de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 551/2010-, poniendo a disposición del consorcista la documentación peticionada, cumplimiento que no se encuentra verificado según se desprende en estos obrados;
Que así las cosas, si bien el administrador sostuvo haber garantizado el acceso a la documental peticionada hace unos días, lo cierto es que no acompañó a su descargo ninguna constancia que permita acreditar la circunstancia invocada ni delimitar la fecha en la que habría acaecido el supuesto acceso. En efecto, de haber procedido conforme la normativa, el sumariado debió haber brindado una respuesta concreta a cada correo electrónico que le fuera oportunamente enviado y, en su caso, acompañar a este expediente copias de dichas contestaciones, mediante las que se observen que se ha indicado día y horario en que se encontraría a disposición la documental solicitada o bien, el haber remitido la misma por correo electrónico;
Que bajo dicho contexto, hay que mencionar que la reticencia a acompañar elementos que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión debe constituirse en una pauta de análisis de los hechos que se ventilan en marras. Máxime si se tiene en cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada;

IF-2023-46228904-GCABA-DGCLE

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