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Nº 6458 - 12/09/2022

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada por haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 incisos a y e, 10
incisos a, d, e y f y 11 incisos b, c, d, e y f de la Ley 941, y sobreseída de la imputación que se le efectuara por presunta infracción al artículo 9 inciso f del mismo texto normativo;
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme reza el artículo 21 de la Ley 941;
Que bajo dicha premisa, hay que hacer notar que la asamblea es el espacio natural que tienen los consorcistas para establecer los lineamientos que regirán la vida consorcial, arreglando allí los problemas que se hayan suscitado e intentando prevenir inconvenientes futuros. Así, la no observancia de lo resuelto en dicho ámbito, acorde lo establece el artículo 9 inciso a de la ley ritual, ultraja gravemente la vida consorcial, afectando no sólo al denunciante sino al consorcio en pleno;
Que asimismo, el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9 inciso e, impide a los consorcistas tener certeza sobre la justificación de la personería de aquellos que acuden a la Asamblea. Así, no encontrándose actualizados los datos de los copropietarios y sus apoderados y/o no procediéndose con su correspondiente exhibición al comienzo de las Asambleas, resulta imposible determinar si aquellos que acuden a la reunión se encuentran legitimados para emitir su voto;
Que por su parte, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, dificulta a los consorcistas tener certeza acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o potencial para los habitantes del consorcio administrado;
Que en relación al artículo 11, se tiene en cuenta que los requisitos que impone la Ley 941 a los presupuestos, tratan de salvaguardar a los consorcistas de obras que no se realicen de conformidad con la normativa vigente. Así, la falta de los mismos conlleva a estos a un grado de incertidumbre en relación a quién es verdaderamente el contratista y los alcances de su responsabilidad. Dichas omisiones no perjudican solo al denunciante, sino a toda la comunidad consorcial;
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse entre trescientas 300 unidades fijas y veinte mil 20.000 unidades fijas conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria;
Que la Ley 6507 Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS
CUARENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS $ 45,20;
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Claudia Margarita Solá administra a título oneroso el consorcio de la AV. Olazábal 5467/69 de esta Ciudad;
Que finalmente, hay que tener especial consideración que la citada no es reincidente en los términos del artículo 16 de la Ley 941;
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a dos mil 2.000 unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS $90.400.-;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941,
BO-2022-6458-GCABA-DGCLCON

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