Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 11/09/2012 - Sección Oficial

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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

PÁGINA 7394

LA PLATA, MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BOLETÍN OFICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sección Oficial Resoluciones


Provincia de Buenos Aires MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 188/12
La Plata, 13 de junio de 2012.
VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley Nº 11.769 T.O. Decreto Nº 1.868/04, su Decreto Reglamentario Nº 2479/04, el contrato de concesión suscripto, lo actuado en el expediente Nº 24291794/2012, y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita el reclamo efectuado por la señora Lucía Soledad PEÑAGARICANO, en representación del usuario Matías Manuel TORRES, NIS 2073715, de la ciudad de Bahía Blanca, contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA EDES S.A., por daños en un artefacto eléctrico ocurrido el día 10 de enero de 2012;
Que al respecto el usuario luego de iniciar el reclamo ante la distribuidora y una vez obtenida la respuesta denegatoria de la misma, realizó una presentación ante la OMIC de Bahía Blanca manifestando su disconformidad con lo resuelto por EDES S.A., lo que dio origen a las presentes actuaciones v. fs. 1/13;
Que el responsable de emitir el presupuesto técnico solicitado por el usuario, determina como causal del hecho dañoso a los problemas de tensión referidos por la misma, particularmente a la falta de una fase v. foja 4;
Que la respuesta dada por EDES S.A. al usuario, en la primera instancia del procedimiento del reclamo, resulta inconsistente en materia de cumplimiento con el deber de información adecuada y veraz Artículo 42 C.N., 4 Ley 24.240 y 67 inciso c Ley 11.769, v. foja 23, y carente de sustento probatorio, teniendo en cuenta el factor de atribución objetivo que rige en la materia Artículo 40 Ley 24240, v. foja 23;
Que preliminarmente, cabe remarcar que el argumento vertido por la distribuidora provincial, al indicar que el servicio que presta EDES S.A. es Interrumpible resulta falaz y lesivo para los usuarios del Servicio Público de electricidad. Toda vez que ese criterio no posee sustento técnico-jurídico alguno, que permita eximir a la concesionaria de la obligación de brindar un servicio dentro de las condiciones de exigibilidad establecidas en el Contrato de Concesión Provincial;
Que, en el mismo sentido, del segundo párrafo de la respuesta en análisis, se desprende el reconocimiento de que de la propia base operativa de EDES S.A. hubo una desconexión por actuación de protecciones, motivo por cual la existencia del evento dañoso se encuentra plenamente probada v. f. 7;
Que sin perjuicio de ello OCEBA, procedió a remitir nota Nº 1110/12 a EDES S.A., con el objetivo de ordenar la apertura a conciliación de consumo v. foja 30;
Que la conciliación de consumo ordenada por OCEBA a EDES S.A., implica poner en movimiento un procedimiento tendiente a cumplir con los principios constitucionales y legales de información adecuada y veraz y trato equitativo y digno Artículos 42 de la Constitución Nacional, 4 y 8 bis de la Ley 24.240 y 67 inciso c de la Ley 11.769;
Que en ese marco, la conciliación tiene por objeto poner en cabeza de la distribuidora la carga de iniciar con el usuario un mecanismo de razonabilidad práctica, tendiente a buscar un entendimiento que ponga fin a la controversia suscitada; todo ello, debidamente subsumido en la normativa constitucional, legal y reglamentaria de orden público, que tutela el derechos de los usuarios del servicio público de electricidad en la provincia de Buenos Aires;
Que tal mecanismo conciliador forma parte de las potestades de dirección del procedimiento que tiene OCEBA como organismo autárquico de la Administración Pública, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 7.647 en cuanto textualmente expresa: La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las actuaciones, adoptará las medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite; sin perjuicio de que también el artículo 42 de la Constitución Nacional y las leyes 24.240 y 13.133, promueven el procedimiento conciliador para la eficacia del trámite y la evitación de sanciones;
Que asimismo, el procedimiento de conciliación de consumo ordenado, se convierte en un instrumento de rectificación de las acciones u omisiones de la distribuidora en la primera instancia que se sustancia directamente ante ella por el usuario reclamante, teniendo por objetivo que el prestador realice una profunda reflexión de los contenidos legales de orden público a los cuales se halla obligado y en la medida de que verifique no estar al alcance de los mismos proceda a compensar el daño y poner fin a la controversia;
Que no obstante ello, EDES S.A. conforme a las constancias obrantes en las actuaciones v. fs. 32/33, manifestó su negativa en arribar a la esperada conciliación, lo cual hubiera redundado en el cumplimiento de los citados principios de orden público establecidos, como así también se hubiera dado la pauta de colaboración con la autoridad pública en el cumplimiento de las prescripciones legales, conforme a la esencia del contrato de concesión de servicio público, respetando el objetivo de la política de la provincia de Buenos Aires, establecido en el artículo 3 inciso a de la Ley 11.769;

Que el citado objetivo de la Ley que rige a la actividad de distribución del servicio público de electricidad, es muy claro en la finalidad perseguida: proteger los derechos de los usuarios de conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes; marcando sin ninguna clase de ambages una definición en el tema que no admite apartamientos por parte del distribuidor y del controlador; so pena de incurrir ambos en incumplimiento de sus deberes legales;
Que asimismo, la evolución del derecho consumerista en su última expresión normativa, establecida a través de la Sanción de la Ley 26361, define la cuestión sometida a tratamiento de una manera que no admite la posibilidad de dudas en cuanto a la firme rigurosidad de aplicar los principios iusfundamentales y de orden público, establecidos respectivamente por el artículo 42 de la Constitución Nacional y 65 de la Ley 24240;
Que en ese sentido, la reforma operada en la Ley 24.240, avanza decididamente en el fortalecimiento de la tutela legal a los usuarios y consumidores, estableciendo la preeminencia del principio de integración normativa, definiendo la relación de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario, eliminando la supletoriedad de los marcos regulatorios, lo cual implica la directa e integrada aplicación de las normas generales y especiales del derecho consumerista;
Que consecuentemente el principio de integración normativa establecido, ha dado nacimiento formal y material a un orden jurídico propio de las relaciones de consumo, constituido por normas constitucionales, legales y reglamentarias de orden público, en donde el marco específico de la actividad eléctrica queda subsumido; implicando ello el riguroso acatamiento de esa normativa por parte de OCEBA y la directa exigibilidad a todos los distribuidores bajo jurisdicción provincial;
Que a través del análisis empírico de los miles de casos sometidos a resolución de OCEBA, se ha podido comprobar en materia de daños en instalaciones y/o artefactos eléctricos, la implementación por parte de las distribuidoras, de políticas empresariales restrictivas y alejadas de las metas legales de orden público debidamente promulgadas;
Que tal modalidad empresarial conspira con el desarrollo de una política de la implementación voluntaria del cumplimiento legal, produciéndose graves apartamientos por su reiteración y efectos sobre los derechos colectivos en juego; por lo que OCEBA debe convertirse en un riguroso controlador y sancionador de tales conductas;
Que la falta adecuada del cumplimiento por parte de la distribuidora en la primera instancia a su cargo, da por resultado la elaboración continua de respuestas denegatorias carentes de sustento probatorio y alejadas del objetivo legal de información adecuada y veraz;
Que la larga trayectoria de OCEBA en la resolución de estos casos ha permitido establecer, que la mayoría de las denuncias efectuadas por los usuarios por daños en instalaciones y/o artefactos eléctricos, tienen como fuente de producción una deficiente prestación del servicio, causada entre otros motivos, por: a insuficiente inversión, b deficitario cumplimiento de tareas preventivas en operación y mantenimiento de las instalaciones, c inadecuada organización empresaria tendiente a dar acabado cumplimiento a los deberes que pesan sobre la distribuidora eléctrica en la sustanciación de la primera instancia a su cargo;
Que el dictado de varios fallos jurisprudenciales así lo confirman, y de entre todos ellos, merece destacarse en lo atinente a la problemática de daños en instalaciones y artefactos eléctricos, el caso Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. contra Provincia de Buenos Aires O.C.E.B.A. Demanda Contencioso Administrativa, Causa B
65.182 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sentencia dictada con motivo de lo resuelto por el Organismo frente al reclamo interpuesto por un usuario de la citada distribuidora;
Que conforme al mismo, como así también al artículo 1113, segundo párrafo del Código Civil y al artículo 40 de la Ley 24.240, rige en el caso el factor de atribución objetivo, implicando ello que la distribuidora para eximirse de responsabilidad deberá probar la culpa del usuario o de un tercero por quien no deba responder;
Que la instancia pertinente para producir dicha prueba, por estar inescindiblemente unida al deber de información adecuada y veraz artículo 42 de la Constitución Nacional, artículo 4 de la Ley 24.240 y artículo 67 inciso c de la Ley 11.769 y al trato equitativo y digno artículo 42 de la Constitución Nacional, y 8 bis de la Ley 24.240 hacia el usuario, es en la primera instancia que se establece ante el agente prestador, llamado también reclamo previo, la cual se tiene que sustanciar de conformidad con el artículo 68 de la Ley 11.769 en el periodo comprendido de treinta días hábiles;
Que la normativa aludida que rige la materia, exige el cumplimiento inexorable de determinados principios, normas y conductas por parte de EDES S.A., Que el primero de los principios a cumplir es el relativo al de orden público, contemplado en el artículo 65 de la Ley 24.240, el cual, por su real significado jurídico resulta indispensable en su aplicación;
Que al respecto el artículo 21 del Código Civil, sienta como principio general que: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres;
Que la doctrina ilustra al respecto, expresando que el orden público de la Ley de Defensa de los Consumidores se vincula directamente con el concepto de relación de consumo y comprende el orden público de protección, que persigue resguardar a la parte más vulnerable del contrato y el orden público de dirección, que obliga a la autoridad pública en garantía del cumplimiento efectivo de la normativa vigente; Ver Dante D.
Rusconi, Manual de Derecho del Consumidor, capítulo III, página. 80, argumento desarrollado a partir de la causa Consolidar AFJP SA v. Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda.- Suprema Corte de Justicia de Mendoza;

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 11/09/2012 - Sección Oficial

TítuloBoletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

PaísArgentina

Fecha11/09/2012

Nro. de páginas42

Nro. de ediciones3417

Primera edición02/07/2010

Ultima edición25/07/2024

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