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La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia n.º 260, de fecha 28 de junio de 2003, Ejecutoria 29/2005, ha condenado además de otros, al Oficial de Policía don Marcos Alonso de Andrés, con DNI número 53.105.330, adscrito a la plantilla de Madrid, como autor de un delito de atentado no grave contra la integridad moral y una falta de lesiones, a la pena de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función de policía por el delito.El Tribunal mediante escrito, de fecha 7 de julio de 2005, ordenó la ejecución de la pena de inhabilitación especial, únicamente respecto del citado funcionario, quedando a resultas de lo que disponga el Tribunal respecto del resto de funcionarios condenados, según escrito de dicho Tribunal de fecha 31 de mayo de 2005.Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.2, párrafo segundo, del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, según redacción dada por el artículo 105, dos, de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, «.se pierde la condición de funcionario cuando recaiga pena principal o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta condición, especificado en la sentencia».Esta Secretaría de Estado dispone:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, del Oficial de Policía don Marcos Alonso de Andrés.

Madrid, 23 de agosto de 2005.-El Secretario, Antonio Camacho Vizcaíno.