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Edición N 21.725
Salta, miércoles 5 de junio de 2024

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

pendiente de usufructuar en ese entonces, las licencias ordinarias o excepcionales, motivo por el cual no podría ser intimada a presentar la documentación para el trámite previsional, fundando ello en lo dispuesto en la Cláusula Octava del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional, Ley Nº 6818;
Que expresó que, al fijar la escala salarial, resulta arbitrario y contradictorio en la normativa vigente, pues en la práctica administrativa dejan como fijo el cálculo de haberes, determinado en el momento del decreto provincial;
Que por último, sostuvo que el acto administrativo cuestionado transgrede normas constitucionales y/o legales o está en discordia con la situación de hecho reglada por el orden normativo debido proceso, defensa en juicio y asistencia letrada y, por otra parte, viola la exigencia de motivación adoleciendo de vicios groseros, por lo que debe ser teniendo como inexistente a tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley Nº 5348, y solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado;
Que en primer lugar, cabe destacar que el recurrente confunde los conceptos de estabilidad policial, que es el derecho a mantener la relación laboral conforme a las disposiciones de la ley, el que solo puede ser privado por baja de las filas de la Institución, con el de estado policial", que es el conjunto de deberes y derechos impuestos para el personal, tanto para el que se encuentra en actividad, como los propios, en caso de retiro;
Que así las cosas, cabe recordar que, como sostuvo la Corte de Justicia de Salta, El estado policial presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la Administración Pública, sobre la base de la disciplina y de la subordinación jerárquica. Tales normas encuentran fundamento en un mínimo de autoridad jerárquica autónoma, requisito del principio cardinal de la división e independencia de los poderes Fallos 250:393; 261:12; 267:325; 303:559;
Que en este sentido, también ha sostenido el aludido tribunal, que El voluntario sometimiento del interesado a un determinado régimen jurídico, sin reserva expresa, impide su ulterior impugnación con base constitucional CSJ, Tomo 68:875; 69:867;
Que entonces, respecto de la vulneración del derecho a la carrera policial aducida por la impugnante, cabe decir que, dicho derecho no es absoluto, sino que está sometido a las normas que reglamentan su ejercicio y que una vez que el agente se encuentra en situación de retiro, este derecho pierde su razón, pues no se encuentra facultado para un eventual ascenso al no estar en servicio activo;
Que siendo ello así, los dichos en tal sentido, resultan manifiestamente inadmisibles. Asimismo, al encontrarse todo agente en situación de retiro, cesan las obligaciones y derechos propios de la situación de actividad, sin perder su grado ni estado policial;
Que de ahí que, el estado policial se pierde únicamente por dos razones: a por renuncia del interesado cuando hubiera sido aceptada y notificado el causante; y b por sanción disciplinaria destitución en algunas de las formas establecidas por esta ley;
Que cuando el retiro sea definitivo, cerrará el ascenso y producirá vacantes en el grado y escalafón al que pertenece el agente, y el personal retirado solo podrá volver a la actividad en caso de convocatoria;
Que además, la recurrente manifiesta que no se habría cumplido con el procedimiento establecido para las licencias, y que al momento que se dispuso su pase a retiro, no se encontraban usufructuadas las mismas y que esto violenta su derecho laboral.
Pero no advierte que al momento de ser notificada del Decreto Nº 217/2021, fue informada de las licencias concedidas y que el usufructo de las mismas, no impiden mantener regularizada su situación administrativa laboral dentro de la institución Policial, hasta que
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