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El Peruano Sábado 20 de abril de 2024

PROCESOS CONSTITUCIONALES

empresa demandante, y que, pese a ello, en forma irregular, el a quo emitió el concesorio, el cual no estuvo acorde a ley.
Siendo ello así, se concluyó que la cuestionada resolución no vulneró derecho alguno.
La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, con fecha 22 de mayo de 2023, confirmó la apelada estimando que cuando el letrado se apersonó al proceso, adjuntó de manera errada un poder de otra compañía minera, por lo que se le concedió un plazo para subsanar, el cual no se cumplió sino tiempo después de otorgado dicho plazo, por lo que la resolución que concedió el apersonamiento surtió efectos para posteriores actos procesales, nunca antes, como erradamente se pretende en autos, por lo que como la sala emplazada ha actuado dentro del marco normativo regulado por la ley procesal, no se evidencia ningún agravio constitucional, más aún cuando la denegatoria del recurso de apelación se debió a la propia negligencia del letrado demandante.
FUNDAMENTOS
1. Petitorio 1. La demandante pretende que se declare nula la Resolución 57 Auto de Vista 92-2016, de fecha 25 de abril de 2016, que declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de su propósito, en el proceso contencioso-administrativo promovido contra la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Pasco y otros. En tal sentido, a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, se trata de determinar si la cuestionada resolución vulnera los derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la pluralidad de instancias.
2. El derecho fundamental a la pluralidad de instancia 2. En la sentencia recaída en el Expediente 4235-2010PHC/TC, el Tribunal Constitucional, respecto al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, señaló que se trata de un derecho fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal10.
3. Debe tenerse presente que el Tribunal ha considerado que el derecho a la pluralidad de la instancia es uno de configuración legal, lo que implica que corresponde al legislador crear o determinar los requisitos que se deben cumplir para que los recursos impugnatorios sean admitidos, así como establecer el procedimiento a seguir.
4. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido en uniforme y reiterada jurisprudencia que el derecho de acceso a los recursos constituye un elemento conformante del derecho al debido proceso, derivado del principio de pluralidad de instancia artículo 139, inciso 6, de la Constitución, y previsto además de manera expresa en el literal h del artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la que establece lo siguiente: Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Del mismo modo, conforme al inciso quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley11.
5. En ese sentido, el adecuado ejercicio del derecho de acceso a los recursos supone cumplir el modo establecido legalmente respecto a cuándo corresponde su interposición y el procedimiento que se debe seguir, con la finalidad de garantizar que las personas naturales o jurídicas que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza.

contencioso-administrativa, estimando que con fecha 14
de mayo de 2015 el abogado Hans Alva Garay se había apersonado al proceso en su condición de apoderado de la demandante; que, sin embargo, el poder que presentó había sido otorgado para representar a la Compañía Minera Atacocha, por lo que se le concedió tres días para que cumpla con adjuntar el poder otorgado por la Compañía Milpo, bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito. Es así que el citado abogado recién presentó su apelación el último día que tenía para hacerlo, pero arrogándose la representación de la Compañía Minera Milpo, pues no había presentado el poder que lo legitimara como representante de la demandante, el cual finalmente presentó al día siguiente.
7. Es así como se concluyó que, al no haber cumplido el abogado Hans Alva Garay, dentro del plazo que se le había otorgado, con acreditar su representación de la empresa minera demandante, resultaba improcedente la apelación, más aún cuando acreditar fuera del plazo su condición de representante no era un requisito subsanable dada la preclusión de los plazos.
8. Asimismo, se estimó que en la interposición del recurso impugnatorio no se habían observado los requisitos de legitimación y poder suficiente, pues el abogado Hans Alva Garay no se había apersonado válidamente al proceso, ni había adjuntado, con el escrito de apelación, el poder que le confiriera la representación de la empresa demandante y, pese a ello, en forma indebida, el juzgador había emitido el concesorio, el cual, al no haber estado acorde a ley, conllevó su nulidad, pues la nulidad es la sanción de invalidación que la ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos jurídicos, por haberse apartado de los requisitos o formas que la misma ley señala para la eficacia del acto.
9. Sentado lo anterior, a criterio de esta Sala del Tribunal Constitucional, al haberse verificado que el abogado de la demandante no cumplió con acreditar su representación dentro del plazo otorgado, corresponde desestimar la presente demanda al no advertirse que se hubiese vulnerado derecho fundamental alguno.
10. Por último, cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en casos similares al presente, ha hecho notar que, siendo el derecho de acceso a los recursos un derecho de configuración legal, es deber de los justiciables cumplir adecuadamente con los requisitos y condiciones que el legislador haya establecido, los cuales no podrán ser objetados en sede de la jurisdicción constitucional a no ser que estos sean de cumplimiento irrazonable o que se haya impuesto cargas desproporcionadas, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
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3. Análisis del caso concreto
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6. Mediante la cuestionada Resolución 57 Auto de Vista 92-2016, de fecha 25 de abril de 201612, se declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 50, de fecha 10
de setiembre de 2015, que declaró infundada la demanda
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Fojas 242.
Fojas 58.
Fojas 54.
Fojas 53.
Expediente 00922-2011-0-2901-JR-LA-01.
Fojas 40.
Fojas 44.
Fojas 106.
Fojas 175.
Expedientes 3261-2005-PA; 5108-2008-PA y 5415-2008-PA.
Sentencia emitida en el Expediente 05019-2009-PHC/TC.
Fojas 54.

W-2278785-20